Mantener el camino, una dura tarea

Eugenio Paillet

El gobierno sabe que la confianza de quienes lo votaron en 2015, los que lo hicieron porque apostaban a un cambio y aquellos que sin quererlo no deseaban una eventual continuidad del modelo vigente hasta ese momento, será puesta a prueba en los próximos meses. Casi como decir que la paciencia del ciudadano va demarcando límites. Debería llamar la atención de las autoridades que hoy, a once meses de gestión, los relevamientos de opinión más serios e independientes sostienen que la confianza del ciudadano de a pie en la gestión macrista ronda el 50 por ciento, tal vez uno o dos puntos más. Rápida conclusión: el oficialismo no ha podido sumar nuevos adherentes a su causa, a duras penas conserva lo que consiguió en aquel entonces. Podría aliviar esa mirada una constante en la mayoría de esos sondeos: los consultados reconocen que no la están pasando bien pero confían en que el rumbo elegido es el correcto.

¿Hasta cuándo, mientras las respuestas se demoran? El gobierno no come vidrio ni está mirando para otro lado mientras se suceden las caídas en rubros como compra de alimentos e indumentaria, producción industrial y una inflación que parecía ceder pero que no cede, como se verá cuando el INDEC revele los números de noviembre. El presidente Macri ha hecho no una ni dos, sino al menos cinco reuniones "de seguimiento y evaluación" durante las últimas dos semanas en Olivos y la Casa Rosada. "La economía no termina de despegar, el consumo está planchado o a la baja, y ahora las previsiones de mejoría nos llevan al otoño que viene", se han sincerado en despachos importantes del gabinete. Es por esa banda, la de correrle todo el tiempo la línea de llegada a todos aquellos que depositaron su confianza en la nueva administración, lo que empieza a preocupar.

En ese derrotero, el gobierno se recompuso y rescató en las últimas horas un par de datos que suenan relevantes a la hora de reafirmar el rumbo, más allá de los tropiezos y las demoras de la economía. Para empezar, creen que saludablemente no hubo ruptura de los sindicatos y los movimientos sociales durante la multitudinaria marcha del viernes. Tanto, que esos mismos voceros reparaban en un hecho puntual: esta semana esos mismos dirigentes de la CGT y de las organizaciones sociales que frente al Congreso no se privaron de criticar la gestión de Macri, estarán sentados a sendas mesas de diálogo. La conducción de la central obrera con los ministros y empresarios para avanzar en el tema del bono a privados de fin de año, y los dirigentes populares con Carolina Stanley para redondear la mejora de la oferta del bono por la AUH y otros planes, además de la instauración de un "aguinaldo social" a pagar en diciembre.

Si se mira bien no habría nada nuevo bajo el sol. La CGT utilizó un mecanismo tan viejo como el sindicalismo: apretar sin romper, para después sentarse a negociar. Con un agregado que no es menor. La central obrera no tiene entre sus planes un paro nacional, y contribuyó con su presencia de ayer a ese mensaje al gobierno de tono duro por momentos, pero finalmente conciliador y hasta con gruesas críticas a la corruptela del cristinismo que gobernó hasta el 10 de diciembre.

La escena de los últimos días ha venido a corroborar en el gobierno una sospecha que no es nueva y que se convierte casi en certeza. Creen cerca de Macri, y no le estarían errando, que el cristinismo residual pero todavía importante en número está buscando sacar provecho del revulsivo sindical y social para complicarle la vida a Macri. "Para que la economía explote", como advirtió el diputado Mario Negri. También, que el comportamiento de dirigentes hasta ahora "racionales" va virando hacia posiciones más duras a medida que se calienta la campaña electoral. Posan la mirada en Miguel Pichetto, pero van más allá. Sospechan que el FPV fogonea la impracticable ley de Emergencia Social para empujarlo a Macri al veto y hacerle pagar todos los costos políticos. Del rionegrino se quejan por el viraje en torno a la reforma electoral que impulsa obsesivamente Macri. Llamó a todos los gobernadores peronistas para este jueves con el propósito de "escucharlos". Son los mismos, o casi todos, los que antes fueron a Olivos a apoyar la iniciativa que busca terminar con el fraude siempre a la mano que ofreció durante décadas la boleta de papel.

Los seguidores de Cristina Fernández que apuestan al caos y al veto de la ley que se reclamó el viernes se podrían llevar una sorpresa. Macri va a vetar esa ley si sale tal cual busca el bloque cristinista en Diputados. Paradojas de la política, subido a datos de las encuestas, el presidente está convencido que pagaría más costos si permite que esa ley siga adelante. Claro, Héctor Recalde y sus muchachos no le dicen a nadie que la ley tiene un costo fiscal de $ 100.000 millones que no están en el presupuesto, y que deberían salir de otro lado. Descartada la emisión, vendrían por el lado de aumentar la ya insoportable carga impositiva. Una tormenta perfecta diseñada desde su encierro en el Calafate por la ex presidente que el gobierno ya avizora y que quiere esquivar.