Los “indios” se convierten en ciudadanos

Redacción de La Nueva.

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Ricardo De Titto

Especial para “La Nueva.”

En septiembre de 1811 la Junta Grande resolvió extinguir el tributo que los aborígenes debían pagar a la Corona de España, con valor en todo el territorio de las Provincias Unidas. Aquel decreto señero reconoce a los hijos primogénitos de América como “hermanos” con iguales condiciones y derechos que el resto de los ciudadanos.

Por esos tiempos lo que dominaba el escenario político era el enfrentamiento entre el ala conservadora, liderada por Saavedra y el deán Funes y los sectores llamados “jacobinos” que, tras la muerte de Mariano Moreno se agruparon en la Sociedad Patriótica con el liderazgo de Bernardo de Monteagudo. Los movimientos de este sector culminaron en el alzamiento militar del 8 de octubre de 1812 que desplazó al Primer Triunvirato cuya principal figura era su secretario Bernardino Rivadavia y designó un nuevo gobierno que convocó a una Asamblea Constituyente.

La Asamblea “del Año XIII” inauguró sus sesiones el 31 de enero de 1813 con el expreso objetivo de declarar la independencia y constituir el nuevo estado de las Provincias Unidas. En el juramento de los diputados se expresó una visión americanista de la revolución en curso y una posición de ruptura con el “Antiguo Régimen” ya que no se juró fidelidad al rey Fernando VII, actitud que se rubricaría con una serie de medidas antimonárquicas.

Así, a pesar de no votarse una constitución, el Congreso general adoptó medidas significativas como la acuñación de moneda nacional, el establecimiento del escudo e himno --la “Marcha Patriótica”--, la abolición de la Inquisición y las torturas, y la supresión de los títulos de nobleza y la libertad de vientres. Especialmente significativa es la derogación de los regímenes de sometimiento a los pueblos originarios que caracterizaron a los trescientos años de dominio colonial: desaparecieron así en el territorio de las provincias Unidas del Río de la plata la mita, la encomienda, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios, bajo todo concepto, sin exceptuar aquel que prestaban a las iglesias o a sus párrocos.

De la Primera Junta a Rivadavia

Se calcula que hacia 1810 la población del virreinato fluctuaba en los 400.000 habitantes, sin contar a las tribus aborígenes no doblegadas.

La Primera Junta y los sucesivos gobiernos aseguraron su provisión de sal con expediciones anuales a las Salinas Grandes en las que se destacó el coronel Pedro Andrés García que concretó positivas gestiones diplomáticas con indios de la pampa al punto que logró presentar al Triunvirato, el 5 de octubre de 1811, al cacique Quinteleu y su sobrino Evinguanau, hijo del poderoso cacique Epumer, y un numeroso séquito “de indios pertenecientes a distintas tribus”. Feliciano Chiclana los recibió con una elocuencia un poco farragosa para los visitantes: “Amigos, compatriotas y hermanos, unámonos para constituir una sola familia. Elevemos nuestros votos al Dios de los inocentes, para que cesando los estorbos que oponen los extravíos de la opinión y el furor de las pasiones, libres del tumulto de las almas y de las devastaciones de la guerra, podamos celebrar el triunfo de la razón, y dedicarnos en el seno de una paz doméstica a las mejoras que exige nuestra situación presente”.

En la zona de la laguna de Kakel Huincul se funda el fuerte San Martín y, en acuerdo establecido por el coronel Francisco Pico y los hacendados de la zona ubicada al sur de Chascomús, se resuelve fundar una población en la región de Mar Chiquita, conocida como Tuyú. Desde agosto de 1816 Pico fue destinado a la guerra del litoral lo que descuidó esa nueva frontera señalada en el sur bonaerense.

Entretanto, se adoptaron dos decretos fundamentales. En septiembre de 1811, como señalamos ya, la Junta extinguió el tributo que los aborígenes debían pagar a la Corona de España. El decreto reconoce a los hijos primogénitos de América como “hermanos” con iguales condiciones y derechos que el resto de los ciudadanos.

Además, en junio de 1812 se separó a los naturales del cuerpo de castas, conformado por pardos y morenos. Los aborígenes, con sus respectivas compañías, se incorporaron a los regimientos 2 y 3 de Infantería, “alternando --según resume el historiador militar J. C. Walther-- con los oficiales de estas unidades sin diferencia alguna y con igual opción de los ascensos”.

En esos primeros tiempos de revolución el ala jacobina de la revolución se distingue por una política de inclusión del aborigen. La expresión más acabada se encuentra en las famosas proclamas de Juan José Castelli a los pueblos altoperuanos y en el decreto de la Junta de enero de 1811 que, con motivo de la elección de diputados, recomienda al Ejército del Norte --aunque la derrota sufrida en Huaqui impedirá que se aplique-- que “sin perjuicio de los diputados que deben elegirse en todas las ciudades y villas, se elija en cada Intendencia exceptuando las de Córdoba y Salta, un representante de los indios que siendo de su misma calidad y nombrado por ellos mismos, concurra al Congreso con igual carácter y representación que los demás diputados”.

Guerra en las fronteras

Como queda claro, estas políticas inclusivas se refieren, únicamente, a aquellos pueblos aborígenes que llevan muchos años incorporados al antiguo virreinato. El problema con los pueblos chaqueños, pampeanos y patagónicos subsiste como antes, limitado a relaciones esporádicas, comerciales o de tráfico, y, por lo general, hostiles: en el norte de Santa Fe, el cacique Manuel Alaiquín convoca a la insurrección y azota con malones a los pueblos limítrofes para vender los elementos saqueados en el Paraguay. Los quom (tobas) y mocovíes tienen a mal traer a las poblaciones de Córdoba y Santiago del Estero durante años y tiempo después, hacia 1822, también los abipones comenzaron incursiones, esta vez en Corrientes.

En diciembre de 1820 se produce un ataque ranquel al Salto. Los labradores y hacendados de la provincia presionan al gobierno y el gobernador Martín Rodríguez, apoyándose en al coronel Rafael Hortiguera promueve acciones ofensivas y obtiene la colaboración de los caciques Catriel y Pichiloncoy. El nuevo objetivo es llevar la frontera al sur del río Salado. El 27 de marzo de 1823 Rodríguez llega con sus tropas a las sierras del Tandil y el 1 de abril funda el fuerte Independencia. Tras un invierno crudo, en primavera se reanudan los enfrentamientos. Los puelches atacan en Chascomús y Mercedes, roban miles de cabezas de ganado y, hacia fin de año, arde toda la frontera. Dos prestigiosos militares, José Rondeau y Francisco Fernández de la Cruz se dirigen hacia la zona de Bahía Blanca al mando de 3.000 hombres que debía unirse a una fuerza de desembarco. La reunión se produjo el 20 de abril de 1824 pero las malas condiciones generales del campo y la bahía y el desacuerdo de los militares con los marinos imposibilitaron levantar un asentamiento. Rodríguez regresó a Buenos Aires sin otro logro que el Fuerte Independencia.

Las luchas con “el indio” continuarían todavía durante más de cinco décadas --con Rosas como con Mitre, con Urquiza como con Avellaneda-- hasta las expediciones dirigidas por el general Julio A. Roca a finales de la década del setenta. Sin embargo, aquella decisión aprobada por el primer Congreso Constituyente había establecido un marco que cambió tres siglos de dominación española: desde entonces, en la paz o en la guerra, en la negociación o la usurpación de sus tierras, los aborígenes fueron considerados, al menos formalmente, “ciudadanos”