La otra mirada del acuerdo entre las FARC y Colombia

Redacción de La Nueva.

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Por Pablo Portaluppi

Especial para ”La Nueva.”

Hoy se celebrará en Colombia un plebiscito en el cual los ciudadanos del país cafetero deberán aprobar o rechazar el acuerdo entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Dicho pacto fue negociado y firmado en La Habana, Cuba, y es apoyado por la administración de Barak Obama.

Las FARC son un grupo guerrillero autoproclamado marxista-leninista, creado en 1964. Inicialmente fue una guerrilla rural, pero con el paso de los años fue incrementando su poder para convertirse virtualmente en una poderosa organización, que aprovechó la implosión de los cárteles de la droga colombianas e incorporó a sus “negocios” el narcotráfico. A tal punto, que hoy es mundialmente conocido como un grupo narcoterrorista. Su actual líder es Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.

El acuerdo fue refrendado hace pocos días en la ciudad de Cartagena, y contó con la presencia de muchos mandatarios, entre ellos, el presidente Mauricio Macri. La noticia de las exitosas negociaciones fue muy bien recibida por la mayoría de las analistas internacionales, así como por los grandes medios. Pero a poco de celebrarse el plebiscito, comienzan a visibilizarse importantes voces disidentes, como la del expresidente Álvaro Uribe, que diezmó en gran medida el poder de las FARC en su administración. Uribe le dijo al “New York Times”: “Hay que reorientar los acuerdos. Le estamos otorgando al Cártel de droga más grande del mundo muchas concesiones”.

El presidente Santos no goza de una alta popularidad, por lo que, por temor a una baja participación en el referéndum, bajó el umbral de la misma del 50% que exige la Constitución colombiana al 13%. Y la pregunta que figurará en la boleta es bastante capciosa: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

En pocas palabras, el acuerdo de una extensión de 297 páginas consta de varios puntos. Los más importantes son: “Reforma rural integral”, “Participación política”, “Cese al fuego y de hostilidades bilaterales”, “Reincorporación de las FARC a la vida civil”, “Amnistía a los delitos vinculados a la rebelión”, “Financiación de las FARC para la vida política”.

Aspectos oscuros

Pero tal vez quien mejor pueda resumir los aspectos oscuros de este acuerdo sea el Dr. Fernando Vargas, co-fundador en 1991 del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, y quien sufriera en carne propia la violencia de las FARC: su familia fue aniquilada y sus fincas expropiadas. Sufrió varios atentados donde milagrosamente salvó su vida, al igual que la de sus hijos, pero debió abandonar Colombia en 2004 y asilarse en España. Para luego regresar y retomar la lucha desde su tierra.

En diálogo con “La Nueva”, Vargas dejó algunas definiciones fuertes: “No se puede asegurar la paz sobre el cadáver de la justicia. Nuestro principal reclamo es que en el pacto no está contemplado el derecho de justicia de las víctimas. Las víctimas no hemos estado en el centro de la discusión”. Y afirma con convicción: “Nunca ha habido reconciliación. Acá no puede haber perdón. Lo que hubo fue un uso espurio por parte de Santos de víctimas muy pobres que necesitaban ayuda. El Gobierno se valió de ellos para legitimar el acuerdo”.

También cuestiona fuertemente las 10 millones de hectáreas que le dará el Estado a las FARC: “Colombia tiene 5 millones de hectáreas cultivadas. ¿De dónde van a sacar 10?. Es obvio que las van a expropiar, por lo que es de esperar una tremenda violencia rural en los próximos años”. Y conmueve cuando dice que “la guerrilla mató a nuestras a familias, desterrando campesinos y hasta violando niñas. Destruyeron más de 200 pueblos y nos quitaron las fincas. Y ahora encima tenemos que darles 10 millones de hectáreas. Y son millonarios”. A su vez, reclama que “a las víctimas no nos dieron nada, ni siquiera un mínimo porcentaje de tierra”.

Otro punto que critica abiertamente es el de la amnistía: “El acuerdo establece la creación de un Tribunal de Justicia Especial. Es decir, será un sistema de justicia paralelo, conformado por extranjeros simpatizantes de las FARC. Tampoco nos dejaron a las víctimas nombrar Jueces para este Tribunal”. Califica a la ley de Amnistía como “aberrante”, ya que afirma que “exculpa la mayoría de los delitos que cometió la guerrilla”. Así mismo, hace hincapié en los 26 cupos (bancas) para el Congreso que le otorgan a los terroristas: “Tremendo. Es un acuerdo de impunidad con grandes beneficios políticos”. Y vuelve sobre el eje de su reclamo: “A las víctimas no nos dieron ningún tipo de representación política”.