Uruguay: exigen retirar de circulación un libro con "pitufos comunistas"
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La empresa a cargo de los derechos de la animación "Los Pitufos" presentó una intimación hoy para que se retire del mercado de Uruguay un libro que refiere a estos famosos personajes para explicar lo que es el comunismo a alumnos de primaria.
"La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado. Luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa", aseguró Juan Vanrell, representante legal de Estudio Peyos, a cargo de los derechos sobre la serie animada.
La intimación fue realizada ayer a la editorial Índice, responsable de la publicación de Uy-siglo XX, un libro de texto escolar de la profesora uruguaya Silvia Pena, que causó polémica la semana pasada en ámbitos políticos y redes sociales al tomar estado público su uso en algunos centros de enseñanza del país.
El pedido se apoya en un derecho de autor cedido por el creador de "Los Pitufos" -el dibujante belga Pierre Culliford, apodado "Peyo"- y en el Convenio de Berna de protección de obras literarias.
El polémico libro, dirigido a estudiantes de sexto grado escolar, presenta en una página a la sociedad comunista como en "una situación similar" a la de "Los Pitufos".
Estos personajes "son una comunidad que vive en una aldea. Todos tienen acceso a la vivienda. Nadie pasa hambre. El pozo de agua es para uso colectivo, no es de nadie y es de todos", explica el texto en el capítulo que introduce el tema de la Revolución Rusa de 1917.
"Todos tienen obligaciones con la comunidad, por ejemplo el ocuparse de aquello que saben hacer. Pitufo cocinero cocinará, Pitufo carpintero arreglará lo que se rompa, y así cada uno de la comunidad aporta con su trabajo y recibe del trabajo de los demás. El comunismo podría ser una situación similar a esa", agrega.
A raíz de la polémica, las autoridades educativas del país aclararon que el texto no se usa en la enseñanza pública.
De todos modos, entienden que se deben extremar controles sobre la bibliografía para los centros privados del país, que funcionan con autorización estatal. (Télam)