Bahía Blanca | Martes, 16 de abril

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Obras públicas: reglamentan ley de participación pública y privada para contratos

El gobierno estima que con el nuevo instrumento se podrían agilizar inversiones por no menos de u$s 40.000 millones.
Foto: NA

   El Poder Ejecutivo reglamentó hoy el régimen de contratos de Participación Público-Privada (PPP), con el cual espera activar el proceso de inversiones destinado a obras públicas de infraestructura.

   La reglamentación de la Ley 27.328 fue publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Finanzas, Luis Caputo.

   El gobierno estima que con el nuevo instrumento se podrían agilizar inversiones por no menos de u$s 40.000 millones destinados a obras de infraestructura.

   La norma de participación pública y privada es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde generalmente el Estado presenta los proyectos, financia, paga y opera y el privado sólo construye.

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   La ley había sido aprobada a mediados de noviembre último y su reglamentación estaba demorada y era reclamada por empresarios del sector.

   El nuevo régimen implica un cambio en la contratación de obras públicas, ya que limita en forma significativa el poder de modificar unilateralmente los contratos y las rescisiones por razón de interés público.

   También instituye la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones y la limitación de la responsabilidad estatal.

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   La instrumentación de la ley llega en momentos en que el presidente Mauricio Macri viaja a España para reunirse esta semana con inversores a los que invitará a invertir en obras en el país.

   La iniciativa implementa un nuevo modelo de ejecución y control de la obra pública, la mejora de la eficiencia, la baja de costos, la mayor competencia y la publicidad de cada una de las licitaciones.

   En su momento el oficialismo y la oposición le introdujeron varias modificaciones al documento impulsado por el Poder Ejecutivo, entre las que se destacan el seguimiento de las contrataciones y la inclusión de una auditoría que deberá llevar a cabo la AGN.

   La norma también garantiza la participación de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las de capital nacional. (La Nueva. y NA)