"El panorama carcelario es más grave de lo que suponíamos"

Redacción de La Nueva.

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Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

Apenas 17 días después de su asunción, la madrugada del domingo 27 de diciembre de 2015, a María Eugenia Vidal le explotó en sus manos la primera bomba de gobernabilidad: la triple fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schilacci de la cárcel de General Alvear que, con sus ribetes novelescos, no solo mantuvo en vilo a toda la sociedad sino que sacudió el tablero del oficialismo y desnudó la precariedad de un organismo progresivamente corrupto y obsoleto, como el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Las heridas recién empezaron a suturarse casi un año después, cuando la gobernadora ordenó la intervención del sistema carcelario. No había otra. De alguna manera había que empezar a recomponer una figura virtualmente derruida.

Se descabezó la cúpula del organismo, echaron a 132 funcionarios -luego se sumaron otros 405- y comenzó la fiscalización de civiles durante 90 días, aunque ese plazo no alcanzó y a fines de enero se prorrogó por otros tres meses.

Los auditores se encontraron con un cuadro devastador. Lo reconoció, en un mano a mano con La Nueva. el interventor del SPB, Juan José Baric.

"Sin ánimo de exagerar, el panorama carcelario es más grave de lo que suponíamos, peor de lo pensado", advirtió Baric.

No se vieron sorprendidos, porque algunas situaciones se “imaginaban”, aunque el descontrol era profundo en materia de provisión de alimentos y medicamentos, recursos de seguridad, administración de unidades y de personal, con enquistados nichos de corrupción.

Aún se desconoce un número real del daño generado al patrimonio del Estado. “No podemos calcularlo, pero seguramente es grandísimo”, dijo el funcionario, que se desempeña como subsecretario de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia bonaerense.

Carne, pollos, medicamentos...

-- ¿Qué ejemplos puede aportar, para tener una idea del perjuicio?

Había muchas irregularidades, como por ejemplo en la provisión de medicamentos. Hacer la licitación el año pasado fue muy tortuoso, porque existen dos empresas enquistadas en el sistema, desde hace muchos años, que impugnaban renglones del pliego como si nada y, de esa manera, se terminaban quedando con la licitación. Tenían el mecanismo aceitado. Son dos empresas distintas, que prefiero no identificarlas, porque no hay una denuncia formal en su contra, ya que lo que hacían estaba, de alguna manera, dentro de un marco legal. Son empresas distintas pero sospechamos que, en el fondo, persiguen el mismo fin. Hay que tener en cuenta que hoy tenemos 34.500 internos, es decir una población más alta que la de muchas ciudades de la provincia y con necesidades sanitarias en muchos casos más agravadas. Existe un abanico amplio de medicamentos y en cantidades importantes, con lo cual el negocio es muy interesante.

-- ¿También había manejos irregulares con la entrega de alimentos?

Yo denuncié el caso concreto del penal de Olmos (La Plata). Por ejemplo, se entregaban por semana 7.000 kilos de carne, aunque en el recibo figuraban 8.300. No bajaban la mercadería si no se firmaba de esa manera. Nos querían apretar para que lo recibamos así porque, de lo contrario, se ponía en riesgo la alimentación de los internos y, con esa situación, estaba latente la posibilidad de un motín. Con los pollos pasaba algo parecido. Licitaban por pollos enteros, pero traían únicamente alitas, ni patas, ni muslos ni pechugas, solo alitas. También pasaba que la carne muchas veces llegaba con la grasa amarilla, con lo cual debía consumirse casi inmediatamente porque sino se echaba a perder. Se notaba más baja la calidad de alimentos de la que figuraba. Esta cuestión, en grandísima medida, está solucionada.

"Ahora el control es más exhaustivo"

-- ¿Qué otros nichos de corrupción advirtieron en estos 3 meses?

Pequeños robos, que multiplicados por miles son grandes robos, descontrol con las horas extras, el uso del combustible y algunas compras que no llegaban a quienes tenían que llegar. Ahora se está teniendo un control más exhaustivo. Existen 5 cuerpos de auditores que dan vueltas en forma sorpresiva por las cárceles (NdR: hace algunas semanas visitaron la Unidad Penal N° 4). Además, hay un cuerpo de supervisores del Ministerio de Justicia que también monitorea el día a día, aunque en ese caso más que nada por la temática de política penitenciaria.

-- ¿Qué resultados iniciales dieron estos descubrimientos, al menos desde lo administrativo?

Se iniciaron 5.000 sumarios por distintos motivos y se apartaron a 132 funcionarios, en principio, y después el ministro (Gustavo Ferrari) firmó otra baja para 405 más, de distinto rango y por diversos motivos, desde faltas hasta delitos graves.

-- ¿Es cierto que hasta personal profesional, como médicos escalafonados, incumplía medidas y estatutos laborales?

Sí. Hemos detectado médicos que debían cumplir de manera obligatoria 25 horas semanales en el Servicio y concurrían apenas 3 por mes. Peor aún, teníamos gente que le pagábamos el sueldo y ni siquiera iba a trabajar. Cambiaban de destino y, ya sea por desidia, falta de control o “padrinazgos”, directamente no trabajaban ¡Estaban años y años sin presentarse! Y quedaban en el olvido, aunque siempre cobraban su sueldo. Por otra parte, este tipo de irregularidades desanimaban y deslanetaban a quienes querían hacer las cosas como corresponde.

Sin candados ni colchones ignífugos

En materia de seguridad, las falencias también eran notables. Se debieron comprar 10 mil candados y la intervención empezó su gestión con 2.000 colchones ignífugos menos de los necesarios.

“Esto prácticamente está solucionado, aunque nos habíamos encontrado con celdas cerradas con bulones, alambres o con la herradura de un candado viejo. En el caso de los colchones, son obligatorios los ignífugos, pero muchos presos dormían sobre frazadas o camperas, dormían dos en una plaza o se alternaban: cuando se levantaba uno se acostaba el otro. Eso pasaba en casi todas las unidades, por no decir en todas”, aseguró Baric.

-- El parque automotor también se encontró desmantelado...

El 80% estaba fuera de circulación. Se trasladaba a internos en vehículos particulares (NdR: esto se descubrió en nuestra ciudad). Se ha ido mejorando, se han ido sumando vehículos de transporte medianos y grandes. Calculamos que para abril, según los tiempos de la empresa carrocera, vamos a recibir todos los vehículos, al menos para cubrir las necesidades básicas, porque estamos con lo justo. El tema es que son vehículos de desgaste rápido y que dentro de 2 años habrá que comenzar a pensar en otra renovación, sin contar el 20% apto que se viene usando.

¿Salen por la otra puerta?

Uno de los cuestionamientos sociales más frecuentes al sistema judicial es que la mayoría de los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, es decir que nunca cumplen de manera completa las sanciones que les imponen y que cuentan con muchos beneficios a la hora de recuperar la libertad.

Sin embargo, el número de detenidos en las 55 cárceles bonaerenses no para de crecer de manera progresiva.

Al día de hoy son 34.500 internos, sin contar alcaidías departamentales ni comisarías. Existen unos 2.500 detenidos más que en febrero de 2016.

"Calculamos que la superpoblación es de un poco más del 25%. Hay un excedente de entre 9 mil y 10 mil detenidos", comparó Baric.

La administración Vidal está en diálogo abierto con el gobierno central, a fin de lograr convenios para la construcción de nuevas cárceles con fondos nacionales. "La idea es que alguna unidad que Nación vaya a construir que la hagan en nuestro territorio. La intención es empezar por la zona más densamente poblada, como La Matanza, Lomas de Zamora y San Martín", dijo el funcionario.

Alcaidía: la idea continúa en pie

La decisión de construir una alcaidía departamental en Bahía Blanca no se cayó, después del frustrado proyecto de instalarla en el predio del Hospital Penna.

Juan José Baric aseguró que nuestra ciudad "evidentemente necesita una alcaidía; la idea es hacerla".

Reconoció diálogos con el intendente Héctor Gay y el secretario comunal de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, para avanzar en ese sentido.

"Siguen buscando algún predio que, por así decirlo, no moleste a nadie, que sea municipal, provincial o nacional. La idea es hacerla porque Bahía es una ciudad grande y, de esa manera, se puede liberar a la policía de una tarea que no le corresponde", ratificó.

La iniciativa de instalar la alcaidía en un viejo edificio del ex Policlínico se frenó cuando La Nueva., sobre fines del año pasado, publicó un informe especial en el que daba cuenta de la idea y de la resistencia de distintas entidades del sector, ya que en el mismo predio funcionan establecimientos educativos de distintos niveles, clubes y otras organizaciones sociales.

De hecho, se pensaba instalar el presidio enfrente del acceso al Jardín de Infantes Nº 935.

Después de la reacción social, el intendente Gay dio marcha atrás, al asegurar que “no se va a resolver un problema creando otro”.

Duro informe de la cárcel local y orden de la justicia

Un “agravamiento ilegítimo” de las condiciones de detención de los presos de la cárcel de Villa Floresta se observó después de un amplio monitoreo realizado en los últimos meses, que derivó en una orden judicial -dictada el viernes- para mejorar las condiciones básicas del establecimiento.

El juez de Ejecución Penal Nº 1, doctor Claudio Brun, quien participó de los controles junto con personal de su juzgado, la Procuración y de la fiscalía local, dispuso diversas medidas que tendrán que ser cumplidas en diferentes plazos.

Se están afectando derechos de “jerarquía constitucional”, tales como “la integridad física y psíquica, la salud y la dignidad humana” de los presos.

“La situación de limpieza, desinsectación y desinfección no es compatible con las pautas legales de alojamiento de personas privadas de la libertad”, se estableció.

Advirtieron la presencia, en gran cantidad, de insectos (moscas, cucarachas, chinches), algunos que se alimentan con sangre y pueden transmitir enfermedades epidémicas.

En el edificio se detectaron “groseras” faltas de mantenimiento, con desprendimiento de revoque, aberturas en mal estado, ausencia de vidrios e inodoros taponados. En algunos pabellones existen cables eléctricos sueltos, aunque la instalación general fue mejorada.

“No deja de observarse un riesgo en las instalaciones (cortocircuito) y/o para las personas (electrocución)”, se indicó.

También anotaron falta de provisión de agua fría y/o caliente en algunos sectores.

En cuanto a los vehículos, los dos móviles de traslado de larga distancia del Complejo Zona Sur están en Saavedra (a 120 kilómetros) y en nuestro medio solo queda un rodado oficial, con destino a sedes judiciales, y una ambulancia.

Luego del exhaustivo análisis, el juez Brun -quien se mostró preocupado porque desde la Defensoría oficial no participaron de los controles- resolvió ordenarle al ministro de Justicia bonaerense que en 180 días provea el parque automotor necesario para la unidad local y al director de Salud Penitenciaria del SPB que, en 15 días, regularice la provisión continua de medicamentos, en especial antinflamatorios y analgésicos. A su vez, que en 30 días se presente un médico de guardia las 24 horas (hoy no está todo el día) y que evalúe la posibilidad de incorporar licenciados en psicología y psiquiatría, que no existen.

Por otra parte, instó al director de la cárcel para que, en los próximos 60 días, se reparen duchas, canillas, sistema eléctrico, sector de comedor, fisuras en paredes y cielorraso, se destapen los sanitarios y se coloquen lámparas y vidrios faltantes, además de completar la provisión de colchones ignífugos y el mejoramiento del servicio de agua.

Además le pidió que arbitre los medios para lograr una “exhaustiva limpieza” del pabellón 7 y del centro de estimulación temprana Hogar de Madres, enfocado al sector de la cocina, duchas, heladera y freezer.

Finalmente, exhortó a las autoridades a profundizar actividades para garantizar a la totalidad de los reos el acceso a instrucción escolar formal, educación no formal y capacitación laboral, en particular a través de tareas que supongan una posible reinserción laboral. De este último punto se le giró oficio al titular de la Jefatura Distrital de Educación local, para ponerlo al tanto.