Imputabilidad: "Es raro que se ofrezca más cárcel a los que no les podés ofrecer escuela"
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Por Sol Azcárate / sazcarate@lanueva.com
La abogada Claudia Cesaroni pasa hoy por Bahía Blanca para debatir en la UNS sobre la baja de edad de imputabilidad planteada por el gobierno a principio de año.
Es integrante de CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) y está en contra porque entiende que es “inconstitucional y regresivo” bajar la edad de punibilidad.
“Fue la dictadura militar la que bajó la edad a 14 y desde 1983 está en 16 años. Entonces, es regresivo porque regresás de un derecho que ya tienen los menores de 14 y 15 años de no ser sometidos a un proceso penal”.
Basada en estadísticas oficiales, Cesaroni asegura que “no hay ningún motivo razonable para pensar que la magnitud del problema de los chicos de 14 y 15 años que cometen algún tipo de delito requiere introducirlos al sistema penal".
"Todo lo contrario: los delitos cometidos por los menores de 18 años en general y mucho menos por los menores de 16 son una cantidad ínfima. Y dentro de esa pequeñísima cantidad, los delitos graves son aún una cantidad más pequeña”.
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Cesaroni entiende que si un chico de 14 o 15 años comete un delito hay algo para hacer antes que introducirlo en un sistema penal: “Hay áreas del Estado que tienen que intervenir, que son las áreas de protección de derechos”.
La abogada explica que un chico que llega a cometer un delito “viene de una historia de incumplimientos previos del Estado con él”, por lo que “también es una tragedia para ese pibe”.
En ese sentido, Cesaroni pide “que primero el Estado cumpla todas sus obligaciones, como garantizarle acceso a la educación digna; acceso a la salud si no la tiene; garantizarle que pueda salir de adicciones si ese es su problema; sacarlo del circuito del delito si es utilizado por redes delictivas”.
En ese último punto, Cesaroni pone la mira en el área pública: “A veces son las propias policías las que utilizan a los pibes para el delito”.
A los niños de bajos recursos "se los llama menores"
La abogada y magíster en Criminología dice que el sistema penal es “selectivo, estigmatizante y discriminatorio”, por lo que “a veces parece que sólo los pibes pobres cometen delitos.
“Hay pibes de 15 años de clase media que también cometen delitos, pero no nos enteramos o los papás lo mandan al psicólogo o se mudan de barrio o los cambian de escuela.
"Tienen recursos para abordar eso que es quizás un momento en la vida del pibe. En los pibes que no tienen esta posibilidad de ser acompañados por sus familias, es el Estado el que tiene que estar”.
En ese sentido, a Cesaroni le preocupa que haya "una construcción que parece hacer que haya 'niños', que son los nuestros, y los otros son 'menores peligrosos'. Cuando ya pasan los 5 o 6 años ya empiezan a ser peligrosos.
“Yo aspiro a una sociedad que incluya a todos en la misma lógica y si la familia no puede darles las cosas, pues se las tiene que dar el Estado”.
"El Estado ofrece cárcel, pero no escuela"
La integrante de CEPOC explica que cuando la familia no tiene recursos, "es el Estado el que tiene que estar con plata y con recursos".
Y la educación tiene un rol central: "Si un pibe no va a la escuela, no puede construir un proyecto de vida.
"Estamos discutiendo esto en un momento importante en el que los pibes no van a la escuela porque sus docentes están de paro porque el Estado no les garantiza un sueldo digno. Entonces, es raro que se ofrezca más cárcel a los que no les podés ofrecer escuela".
Los institutos para menores, lejos del ideal
A los menores que según la ley sí son punibles, los de 16 y 17 años, se los somete a un proceso penal y se los lleva a una institución que “se promete siempre como un espacio para que el pibe sea reinsertado y vuelva mejor a la sociedad”.
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Sin embargo, “en algunos casos se los envía a instituciones que no cumplen con ninguno de los requisitos que deberían tener”.
“Un chico que llega ahí viene con carencias y se supone que en esas instituciones se lo tendría que completar o mejorar todo lo que no pudo recibir: darle la mejor educación posible, la mejor salud posible, una buena alimentación”.
Claudia Cesaroni junto a Claudio Carucci, Secretario General de Cultura y Extensión UNS
Pero Cesaroni afirma que “todo eso no sucede” y que “son espacios a veces todavía peores que la cárcel”.
“Ahí los pibes tienen menos derechos [que los adultos privados de la libertad] aún en lo que puede parecer poca cosa, como por ejemplo poder llamar por teléfono a su mamá”.
También en muchos casos, según explica la abogada, los chicos padecen no sólo el encierro, sino también el alejamiento de sus familias: “Como no hay muchas instituciones, en la provincia de Buenos Aires lo que sucede es que un chico comete un delito supongamos en Quilmes y va a parar a Junín”.
“Entonces, todo eso no lo queremos para los más chicos todavía, que son de 14 y 15 años”.
Una medida "demagógica"
Cesaroni cree que la discusión por la baja de punibilidad no es casual en un año electoral.
“Las medidas de ensanchamiento de lo punitivo tienen un respaldo en la sociedad. Creo que el Gobierno hace un cálculo miserable de costos y ganancias y entiende que este tipo de medidas le da votos”.
Como "en una parte importante de la sociedad se ha logrado incorporar la idea de que los menores son un problema en una magnitud mucho mayor a la que en realidad es", el castigo "resuelve cosas".
"Ante cualquier situación social que no se puede resolver, la respuesta es 'cárcel'. Es difícil explicar que el castigo no resuelve los problemas. Es más fácil meter presos a los chicos de 14 que cometan delitos que todo lo que se puede hacer antes. La promesa que se hace es que son instituciones adecuadas para su reinserción con personal especializado y después les mandás a un tipo carcelero que cierre el candado de la puerta y ya, se esconde el problema abajo de la alfombra”.
Incluso Unicef en contra
El 23 de febrero, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se discutió la baja de punibilidad.
De 40 organizaciones, 32 votaron en contra, inclusive Unicef.
Sólo 3 se volcaron a favor y 5 plantearon posiciones no definidas.
"Y el Gobierno definió que eso no fuera vinculante. O sea, aquella convocatoria para el consenso que creó en medio del verano a las apuradas, en año electoral, donde el resultado les es absolutamente adverso, el Gobierno decide desconocerlo y mandar de todas maneras un proyecto de baja de edad de punibilidad al Congreso. Es grave, fue una especie de trampa".
El "mito" del chico que mandan a robar
Cesaroni afirma que hay estadísticas que muestran “una especie de mito” para “desarmar”.
Para ella “puede ser que los utilicen a los chicos para robar, pero en todo caso son víctimas de un adulto que los utiliza”.
“No resolvés eso sometiendo a los pibes a un proceso penal, porque los adultos agarran a los de 13 y listo”, asegura Cesaroni.
Sin embargo, “en toda la provincia de Buenos Aires hay unos 50 niños punibles, es decir que cometieron algún delito y que por medida de seguridad están privados de la libertad".
"Son muchos entendiendo que no debería haber ninguno, pero por otro lado, ¿el Estado no se puede sentar con 50 pibes en toda la provincia de Buenos Aires y construir un proyecto de vida para ellos?”.
"El proceso penal es mucho más que la pena"
Cesaroni explica que un chico que esté sospechado de cometer un delito pasa por lo siguiente:
-Le allanan su casa.
-Se lo saca de ahí.
-Lo suben a un patrullero.
-Lo esposan.
-Pasa por una comisaría.
-Le dicen que está imputado.
-Le toman huellas.
-Llena planillas.
-Lo llevan a Tribunales.
Y finalmente, "varias horas después se lo puede llevar un responsable".
"Todo delante de policías, en un ámbito absolutamente hostil. Eso ya es pena y ese nene vuelve al barrio habiendo pasado por todo eso, que para él podrá ser horrible, como también construye una identidad con la que puede identificarse y para el resto de los pibes puede ser algo hasta valorado".
Cesaroni trabaja en una escuela y ve cómo muchas veces "los chicos llegan con una pose de 'guapos'".
"A donde les hablás de la sonrisa hermosa que tienen cae una máscara y entra el nene. Y esa máscara de guapo también tiene que ver con lo penal, con la cárcel, con el encierro".
La ley vigente
La ley Nº 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad fue sancionada en 1980 durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla.
Para Cesaroni debe derogarse y establecerse un “régimen especial para adolescentes con todas las garantías establecidas por el derecho internacional”.
Además, plantea que la reforma más urgente que debe hacerse es establecer un límite al tiempo de prisión que debe pasar un menor.
“La ley actual tiene el grave problema de no establecerlo y entonces hubo jueces penales juveniles que en este país aplicaron penas de prisión perpetua”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2013 al Estado argentino por haber impuesto penas de privación perpetua de la libertad a 5 chicos menores de edad.
“Entonces a un chico ya no se le aplica prisión perpetua, pero se aplican penas de 27 o 28 años, que no es lo mismo pero es igual: es más de su vida entera”.
Por un lado, Argentina -junto con Cuba- es uno de los países de América Latina que tiene la edad de punibilidad más alta con 16 años (detrás de Brasil y Uruguay, con 18), pero por el otro “tiene las penas más altas que se aplican”.
Las estadísticas de Bahía
De los homicidios dolosos cometidos en Bahía Blanca durante 2015, en sólo el 0,81 % fueron imputados menores de 16 a 18 años.
De los asaltos con armas que se resolvieron en la ciudad ese año, en 35 hubo menores imputados, lo que representa un 2,86 %.
Y en un 5,31 % del total de abusos sexuales ocurridos en la ciudad durante 2015 hubo chicos imputados.