La crisis que implica a Temer ingresó en una fase decisiva
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Agencia EFE
La aguda crisis política brasileña entró desde ayer en una fase decisiva, después de que el Supremo emplazó a la Fiscalía a decidir si denuncia por corrupción al jefe de Estado, Michel Temer, quien enfrenta la amenaza de ser suspendido del poder.
Según determinó el juez Edson Fachin, instructor en el Supremo de la investigación iniciada contra el mandatario, la Fiscalía deberá pronunciarse antes del martes próximo sobre una eventual denuncia, que en medios políticos y jurídicos se considera casi segura.
Temer es investigado por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, y al menos en el primero de los casos la Policía Federal ya ha informado que ha encontrado “serios indicios” que comprometen al gobernante.
Las sospechas de que Temer participó “con vigor” en asuntos de corrupción se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, uno de los mayores productores y exportadores de carnes del mundo, que en un acuerdo de cooperación judicial detallaron una serie de irregularidades en las que estaría incurso el presidente.
Uno de los elementos de prueba esgrimidos por la Policía Federal son unos explosivos audios grabados por Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, durante una visita que hizo a Temer en la residencia oficial de la Presidencia la noche del pasado 7 de marzo.
En esas grabaciones, que según Temer fueron “editadas”, Batista narra una serie de maniobras ilegales que JBS hacía con autoridades del Gobierno para favorecer a ese grupo y el presidente escucha sin hacer mayores comentarios o hasta consintiendo con lo relatado.
Esas grabaciones fueron hechas públicas por la Justicia, pero de acuerdo a fuentes policiales no son las únicas que comprometen a Temer.
Tras el plazo establecido por el juez Fachin, la suerte de Temer está en manos del fiscal general, Rodrigo Janot, quien en todos los casos de corrupción que ha tramitado nunca ha ido contra la opinión de los investigadores de la Policía Federal.
Si Janot se decanta por presentar la denuncia, la Corte Suprema deberá remitir el caso a la Cámara de Diputados, única responsable según la Constitución de autorizar un proceso contra un mandatario en pleno ejercicio del poder.
La denuncia sólo procederá si es avalada primero por una comisión de diputados y luego por al menos dos tercios de los 513 legisladores que conforman el pleno.