Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Amigos con beneficios

Escribe Luis Tarullo

En menos de dos años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri demostró en materia laboral, y específicamente en la cuestión sindical, que no tiene diferencias sustanciales con otras administraciones.

Más allá de algunas declaraciones de principios que aún no llegan a plasmarse y anuncios que parece que quedarán para tiempos mejores, en esencia todo seguirá desarrollándose por los carriles en que vino transitando durante décadas.

Los intercambios de favores políticos entre el gobierno y el sindicalismo tradicional y la intensidad con que en ese marco se aprietan acelerador y freno son análogos en las distintas pero no tan distintas épocas en esta y otras materias en el poder.

Hace apenas un puñado de días Macri terminó de bendecir en público a Gerónimo Venegas, el dirigente de una gran masa de trabajadores que, si bien han tenido progresos en los últimos años, aún se encuentran, como muchos otros, en las partes inferiores de la pirámide.

Tampoco, como se ha visto en los últimos días en un conflicto en el sector citrícola en Tucumán, ese sindicato ha desterrado prácticas que el gobierno pretende borrar de la faz de las herramientas gremiales ya avanzado el primer cuarto del siglo XXI.

Lo mismo ocurre con los sectores de organización social no tradicional, que empezaron llamándose “piqueteros” y luego tornaron a denominaciones más sofisticadas pero con esencias idénticas a la de origen.

Pese a los discursos, este gobierno tiene la misma actitud que otros en cuanto a permitir el nacimiento de otras organizaciones gremiales. Es lo que viene haciendo el ministro Jorge Triaca hijo por ejemplo con los inspectores laborales, a quienes se le niega hasta la primaria y mera inscripción, tal como lo prescribe la Constitución Nacional. Ni siquiera las órdenes de la justicia logran hacer mella en la cartera que conduce el hijo de quien fue gremialista del gremio de los trabajadores del plástico y ministro de Carlos Menem, el primer impulsor de la flexibilidad laboral.

Es en este contexto en el que el gobierno actual tiene una innegable similitud con su antecesor, el kirchnerismo, cual es ponerles límite a las paritarias.

Justamente Triaca Junior es uno de los más fervientes voceros del tope en torno al 20 por ciento para los aumentos salariales, obviando el dato fundamental de que se viene negociando a inflación pasada, o sea para recuperar poder adquisitivo.

El eslabón más débil de la cadena, por si fuera necesario decirlo, es el trabajador que no solo debe alimentarse y alimentar a su familia sino que además hace, a saber: 1) le deja ganancias a los empresarios cada vez que hace sus compras; 2) le deja sus aportes obligatorios al sindicato; 3) con sus impuestos le paga el sueldo a sus empleados, los funcionarios, entre ellos el ministro de Trabajo, que a la vez propicia, como otros ministros, por orden del máximo empleado público, el presidente Macri, que le limiten el salario a su empleador.

Y ello solo hablando de los asalariados. Ni mencionar a los ejércitos de autónomos que también deben disfrazarse de monos para poder sobrevivir día tras día y, como los que tienen patronos, pagarles el sueldo a sus empleados públicos de privilegio que los atosigan con impuestos.

Con este “delicioso” marco, los gremios, por aquello de los intereses políticos y económicos mutuos (no olvidar el rol de las obras sociales en este paquete) siguen negociando aumentos salariales por cifras que rondan el 20 por ciento. Recientemente confirmaron ese guarismo los estatales de UPCN, en un acuerdo que mostró una foto de familia entre Triaca, el ya eterno jefe del gremio Andrés Rodríguez y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Claro que, como es tradición, después de la reunión familiar la nona no deja ir a nadie a su casa sin un paquetito con algo dulce. En este caso, tres cuotas anuales de alrededor de cinco mil pesos por presentismo y productividad. Este último ítem genera suspicacias, sobre todo acerca de cómo se medirá, pero de alguna manera van a arreglarse para justificarlo, dicen en bambalinas.

Los que están que trinan son los de ATE, un poco más díscolos, que quieren 35 por ciento de aumento, coherentes con la inflación pasada y no con la supuesta de este año de 20 por ciento (cuanto menos) que consideran el gobierno y el ministro Dujovne, quien -más optimista que el Chauncey Gardiner de Peter Sellers en la película “Desde el Jardín”, creador de los célebres “brotes verdes”- ve “bosques” de prosperidad.

Los siempre amigos de todos los gobiernos ya firmaron por ese porcentaje, algún puntito más o en menos, con sumas fijas adicionales -en muchos casos no remunerativas- y cláusulas gatillo para el caso que se dispare la inflación.

El problema es que en más de una ocasión la inflación se ha disparado, hirió gravemente al salario pero desde la trinchera de los convenios ni sindicatos ni empresarios gatillaron siquiera en falso.

No obstante, aún quedan gremios de los llamados “pesados” que están en condiciones de reclamar porcentajes mayores a los pactados hasta ahora, como Camioneros y Colectiveros. Ambos tienen como base 30 por ciento y sabido es que pueden parar el país en abrir y cerrar de ojos.

Nadie tiene dudas de que, con o sin conflicto, van a conseguir lo que buscan. O que si anuncian algo inferior a lo que dicen reclamar, al final la realidad estará camuflada en los múltiples ítems de sus respectivos convenios.

Porque ello, al cabo, se inscribe en un principio cultivado por gobiernos y sindicatos que tendrá sus bemoles de a ratos pero esencialmente no es alterado por el tiempo ni por los cambios políticos: amigos con beneficios.