Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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La constante lucha de las víctimas para ser escuchadas por la justicia

Un matrimonio al que le asesinaron a su hijo en una entradera será recibido por el juez de Ejecución Penal antes de decidir cualquier beneficio que solicite el condenado por el crimen.
Fotos: Archivo LN.

Pablo A. Pascual/ppascual@lanueva.com

Desde 2011, cuando su hijo Ezequiél (26) fue asesinado en una entradera en el barrio de Caballito, Diana Cohen y Gustavo Agrest luchan para que el responsable de esa muerte cumpla la pena que le impusieron, y por todos aquellos que sufrieron la pérdida de un ser querido a manos de delincuentes.

Hace dos años decidieron formar una asociación civil denominada Usina de Justicia, para hacer frente al desamparo que padecen los familiares de las víctimas.

En los últimos días el matrimonio fue notificado de la firmeza de una resolución que sienta precedente, luego que el juez de Ejecución Penal Nº 4, Marcelo Peluzzi, hiciera lugar a un planteo presentado por su abogado César Mayer, solicitando ser escuchados por el magistrado antes de que éste resuelva cualquier pedido de beneficios realizado por Sebastián Pantano, condenado en mayo de 2013 por el asesinato del chico.

“No es una sensación de alegría, porque en este caso sería mal usada la palabra, aunque sentimos que se empieza a hacer un poco de justicia”, comentó Diana, filósofa y autora de varios libros.

La mujer agregó que “lo más importante es que este fallo va a servir de antecedente para otros casos similares en los que la familia pueda presentarse y solicitar lo mismo”.

Destacó que una vez finalizado el debate, la víctima deja de formar parte del proceso penal.

“El condenado podía estar el tiempo que sea preso, pero cuando lo liberaban la familia no se enteraba, y por eso muchos iban y atacaban a los familiares”.

Pantano había sido sentenciado en primera instancia a prisión perpetua, aunque el Tribunal de Casación anuló la condena y en un nuevo juicio le impusieron una sanción de 18 años y medio de prisión por el crimen.

El acusado contaba con una pena anterior de cinco años, por lo que finalmente se dictó una sentencia única de 23.

La profesional, galardonada este año con el premio Konex de platino, afirmó que una de las necesidades principales radica en la asistencia legal gratuita para la víctima de un delito.

“El delincuente tiene un abogado de oficio desde el momento en que delinque y nosotros no tenemos a nadie. Esa es otra de las injusticias de nuestro país”.

“Es una burla y hasta ahora el familiar de la víctima nunca existió. El derecho penal se creo en el siglo 17, donde prácticamente el individuo no tenía ningún tipo de derecho. Estamos en el siglo 21 y me pregunto cómo puede ser que haya derecho de todos los colectivos y no de las víctimas. Tenemos un derecho penal que debe ser actualizado inmediatamente”, siguió diciendo.

Más adelante, Cohen fue terminante al ser consultada sobre la búsqueda de aquellas personas que son beneficiadas con excarcelaciones y se fugan, algunas de las cuales terminan vinculadas a crímenes, como fue el caso de Jonathan Luna en la muerte de la adolescente bahiense Micaela Ortega.

“El Patronato de Liberados en Argentina no existe y tampoco hay comunicación entre las distintas jurisdicciones, entonces estas personas se van a otras provincias. Pasó lo mismo con el asesino de Tatiana Kolodziey, en Chaco”.

En este sentido, respecto a los beneficios que la ley les otorga a los delincuentes, describió que “en estos momentos estamos sufriendo un minimalismo penal (versión atenuada del abolicionismo)”.

“Por ejemplo, al asesino de mi hijo le dieron 23 años de pena, fue encarcelado en septiembre de 2011 y cuando fuimos a ver al juez (de Ejecución Penal) nos enteramos que va a salir en febrero 2018. Cómo se llegó a eso no lo entiendo, lo que sí entiendo es que en derecho 2+2 no es igual a 4, sino que se utiliza otro tipo de suma que nos terminan dando penas irrisorias”.

Agregó que el imputado por la muerte de su hijo tenía nueve causas y que pese a eso para la justicia no era considerado reincidente.

“Esto se debe a que en Argentina para serlo el imputado tiene que haber pasado al menos un día como condenado (individuo con pena firme) en la cárcel y este sujeto (por Pantano) apelaba todo el tiempo y nunca llegó a estar condenado”.

Una de las propuestas que impulsa la asociación que preside sostiene que “la pena perpetua sea perpetua”.

“Tiene que ser así por una cuestión que tiene que ver con los fundamentos del estado moderno y del derecho penal construido a partir del mismo. El estado moderno se creó a cambio de proteger la vida, la libertad y la propiedad del individuo. Precisamente, el hombre le dio al estado el monopolio de la fuerza. Cuando alguien quita la vida de un individuo, esa persona que lo hizo debe pagar con el segundo bien en ese orden, que es la libertad”.

En este sentido, consideró que “delincuente que está en una cárcel no mata afuera. Es un axioma de sentido común y no hace falta que vengan a explicarlo los leguleyos”.

Centro del proceso penal

Diana Cohen sostuvo que “la corporación judicial es muy fuerte y tenemos que empezar a desanudar esos nudos que, en realidad, nos están comenzando a ahorcar a nosotros, que somos la sociedad civil”.

En este sentido, comentó que el problema de la falta de justicia es “transversal” y no tiene que ver con el gobierno de turno.

“Cuando se quiso modificar el Código Penal fue apoyado por todos los partidos. Lamentablemente esta hegemonía del poder judicial sobre la sociedad civil no es un tema partidario. Es una lucha que incluso nos va a sobrevivir a nosotros, y estoy apostando a un futuro que no voy a ver”.

Reiteró que una de las metas de la agrupación que comanda es lograr que la víctima pueda estar en igualdad de condiciones con el victimario.

“Si la justicia se representa con una balanza que tiene dos platillos en equilibrio, no solamente ese equilibrio fue quebrado cuando se produce un homicidio, sino que cuando los familiares de la victima son echados de la causa ese platillo baja aún más, hasta llegar a desaparecer”.

Expresó que “si hablamos de justicia y de los principios de debido proceso, legalidad y proporcionalidad, entonces hablemos contemplando a las dos partes”.

“Tenemos una parte que agarró un arma y mató, y otra que se encontró en una situación que jamás pensó. Tenemos que dar un giro copernicano en el derecho penal y que el centro pase a ser la víctima en lugar del victimario”, finalizó diciendo.