No es un tema nuevo. Desde fines de 2016 que la Justicia bahiense habla con mayor frecuencia de "soldaditos de la droga". 

Se trata de jóvenes -en general menores- que son utilizados como escudo protector del narcotráfico. Niños o adolescentes que sirven para la vigilancia encubierta y dar aviso en caso de que alguien busque perturbar el negocio.

Es una práctica lamentable y sostenida, que vulnera desde corta edad a chicos que tienen futuros difusos al ser víctimas del consumo y quedan atados a un plan delictivo del cual, por lo general, no pueden escapar.

En los últimos días, un fallo condenatorio a tres presuntos vendedores de droga en Bahía sumó prueba para confirmar que había personas que "capacitaban" a los chicos para la función de "soldaditos".

Se trata de la sentencia que recayó en Alexis Emanuel Andragnez (29), Claudio Raúl "Chupete" Roldán (49) y Leandro Gabriel Gómez (24), todos penados a cumplir 4 años de cárcel por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Reclutan mujeres con hijos pequeños y embarazadas para vender drogas

En la resolución judicial dictada hace algunos días por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal local, a la cual tuvo acceso La Nueva., se dejó constancia de cómo funciona el sistema.

Esa causa, que motivó múltiples allanamientos el 21 de octubre de 2021, se originó a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada, que sería amigo de un consumidor. 

¿"Cocina" en Bordeu?

Esa persona se presentó ante la autoridad judicial y dio cuenta que días antes de la Navidad de 2019 acompañó a un allegado a un domicilio ubicado en Chaco al 700, donde se encontraron con "Leo" Gómez, a quien le consultaron por la compra de cocaína.

Por su recomendación llegaron a Villa Bordeu, donde vivía un cuñado de Gómez que poco antes había salido de la cárcel.

"Pasamos a una habitación y había guantes y frascos de ácidos y el cuñado de Gómez mencionó que la cocaína se hacía en esta ciudad y tenía un costo de $350.000 pesos el kilo de cocaína y si es mejor calidad, $400.000", declaró el testigo.

En su testimonio de fojas 1, también remarcó que el dueño de casa les reconoció que era Gómez quien "reclutaba chicos -menores de edad- en el barrio Noroeste, para formarlos de soldaditos, utilizandolos para llevar y traer mercadería o para hacer de campana en una esquina".

Esa circunstancia disparó una causa a cargo de la Fiscalía Federal, con intervención de la DDI de Mar del Plata (para no "contaminar" la causa con policías locales) y de la Prefectura.

La investigación al cuñado de Gómez (identificado como O.A.C.) y la posible "cocina" de droga en Bordeu no prosperó (el hombre fue sobreseído en junio de 2022), pero sí se pudo acreditar el empleo de los "soldaditos" que aquel día había comentado.

Policías encubiertos determinaron que en los domicilio que frecuentaba Gómez -Bravard 2500, Chaco al 700 y Gorriti 1700- había presencia de "soldaditos" en "estado de vigilancia", datos que quedaron acreditados en las fojas 39/40, 43/44, 47/48, 63/64, 89/90, 152/153, 187/188, 274/275 y 277/279 de la causa.

El juez Ernesto Sebastián, al dictar la condena de Andragnez, Roldán y Gómez, no dejó pasar por alto que el conocimiento y la voluntad que requiere el tipo penal del artículo 5 de la ley 23.737 (venta de drogas) "se ha evidenciado no solo en el aspecto comercial y económico sino también se verificó un estado de alerta por parte de los encausados o bien la utilización de personas denominadas 'soldaditos' que vigilan la entrada y salida de individuos en los domicilios de los imputados".

Los roles

Se pudo establecer que Andragnez, al menos desde el 21 de enero de 2020 hasta el 21 de octubre de 2021, comercializó droga (en especial marihuana) en su vivienda de Entre Ríos al 2000. El día del allanamiento le secuestraron 8 frascos de vidrio, una bolsa transparente, un tarro plástico y una caja de zapatillas, todo con cogollos de cannabis (más de 700 gramos) y una planta del mismo vegetal, de 65 centímetros de alto.

Un oficial de la Bonaerense y otro de la Prefectura, que actuaron de civil en distintos tramos de la pesquisa pudieron establecer que cuando Gómez se movía hacia la vivienda de Chaco al 700, los "soldaditos" de vigilancia le comunicaban la eventual presencia cercana de algún patrullero y de esa manera lograba esconderse o retirarse del lugar a tiempo.

A Roldán le imputaron "vender" entre el 2 de octubre de 2020 y el 21 de octubre del año siguiente, cuando se realizó el allanamiento en su casa de Estados Unidos al 1500, donde secuestraron un plato con clorhidrato de cocaína y se encontró a un potencial cliente con una dosis de esa droga envuelta en un billete de 10 pesos.

"Chupete" se valía de una camioneta Fiat Qubo para concretar maniobras de delivery. Además fue declarado reincidente, porque ya lo habían condenado (también a 4 años de prisión) en una causa similar originada en Punta Alta en 2014.

Gómez, por último, según los investigadores, comercializaba estupefacientes al menos desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 21 de octubre de 2021, tanto en el domicilio de Chaco al 700 como Bravard al 2500.

Los investigadores establecieron que en varios domicilios se advertían maniobras de tipo "pasamanos", características de este delito, y más llamativas en tiempo de pandemia, cuando la circulación estaba prohibida.

Al aceptar el juicio abreviado, los tres acusados hicieron un reconocimiento "expreso y libre" de los hechos y su responsabilidad.

A Andragnez le imputaron el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que a Roldán y Gómez, tráfico de estupefacientes en la modalidad comercio.

"No miden el riesgo"

Vanesa Troncozo, referente del Centro La Misión, una organización encargada de prevenir, asistir y capacitar sobre problemáticas sociales relacionadas con las adicciones, manifestó que la situación "existe y es real".

"Si nos focalizamos en el Noroeste, es una demanda que nos llega de las escuelas, de los equipos de orientación escolar y de las instituciones del barrio. No nos ha tocado trabajar con 'soldaditos', pero es una preocupación latente", dijo.

La referente de la ONG -que funciona desde hace más de 20 años- advirtió que, en especial desde la pandemia a la actualidad, muchos jóvenes "ven la posibilidad del menudeo de drogas como una opción fácil de ingreso económico".

"No sé si tanto por la cuestión del consumo, sino por poder tener un ingreso económico, pero no miden el riesgo. La situación existe y es real, lo ven como una salida económica y laboral rápida, sin medir riesgos", insistió.

Troncozo, por último, manifestó su inquietud por otro aspecto de la problemática: la "naturalización" social del consumo, en especial de la marihuana y la cocaína.

Dónde pedir ayuda

Ex CPA. El Centro Comunitario Bahía Blanca (ex CPA) atiende en Necochea 945. Consultas al teléfono 291-5339367.

Salud. El departamento municipal de Salud Mental, en tanto, tiene sede en Güemes 52. Teléfono 4551159. 

Apoyo. El programa psicoeducativo Raíces, perteneciente a La Misión, asiste a familiares directos de adictos, personas con depresión y ansiedad. Se reúne todos los viernes a las 19 en Lavalle 247. 

Adolescentes. La Misión también tiene un espacio de acompañamiento Raíces (ámbito creativo para compartir y pensar cómo mejorar la salud mental y emocional de jóvenes de entre 13 y 18 años). Viernes, 18.30, en O'Higgins 312. Contacto: 2914-444355.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó los argumentos de Pablo Ramiro Díaz Lacava -y del defensor público Carlos Riera- en su intento por separar al doctor Juan José Baric de la instrucción del caso.

Uno de los planteos realizados a partir de su presunto "temor de parcialidad" es que en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Rosa, a cargo de Baric, fueron pegados carteles agraviantes en su contra, que lo tildaban de "maltratador", hecho que le generaba una especial "preocupación".

Esa situación -según dijo- la advirtió el mes pasado, cuando había sido citado a prestar declaración indagatoria, audiencia que luego se suspendió justamente por ese motivo.

Baric, previamente, había desestimado los argumentos al sostener, en el caso de los carteles, que pertenecen a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional -gremio que pidió el juicio político de Díaz Lacava- y que su difusión, propia de una acción sindical, se había dado tiempo antes y también se había concretado en el frente del Tribunal Oral Federal.

Y también dijo Baric que el acusado había concurrido en más de una oportunidad al juzgado sin que en todo este tiempo haya hecho mención alguna al supuesto temor que le generaban.

La Cámara bahiense, con el voto del doctor Leandro Picado, también descartó esa posición, al asegurar que dichos carteles no pueden "generar un compromiso de imparcialidad".

"Aseverar lo contrario dejaría librado al azar que cualquier manifestación de un tercero, ajeno al proceso, pueda poner
en duda la garantía de imparcialidad del juez de grado, y atentar contra la garantía del juez natural", dijo Picado.

En ese sentido, consideró "infundada" la recusación, teniendo en cuenta que no brindó "razones lógicas y valederas para demostrar que la imparcialidad del magistrado cuyo apartamiento se pretende se encuentra comprometida".

El camarista también remarcó que este no fue el primer intento de Díaz Lacava por recusar al juez actuante, habiendo al menos dos incidentes en mayo y octubre del año pasado.

"En conclusión, la mera sospecha de una decisión de carácter adverso no representa una razón suficiente para que se configure un temor objetivo de parcialidad. A todo evento, el interesado tendrá disponibles las vías procesales idóneas para impugnar, en la oportunidad que corresponda, aquellas decisiones que eventualmente le agravien, lo que no puede ser suplido por la recusación del órgano jurisdiccional que conoce el caso", se indicó en el fallo.

Otro argumento

Díaz Lacava también recusó a Baric por una supuesta relación cercana con el entorno de uno de los denunciantes, pero ese argumento también fue rechazado.

El imputado alegaba que en alguna oportunidad el juez actuante había llevado a la madre del denunciante a Buenos Aires y desde la Capital hacia La Pampa, por trámites particulares, y que era "vox populi" su vínculo amistoso con esa familia.

Al respecto, Baric había dicho que solo conoce al denunciante y su familia por su función laboral y que no es amigo de ellos, sino que tiene el mismo grado de cordialidad que con casi todos los integrantes del tribunal, siendo una ciudad no muy grande y un fuero federal que es chico.

El camarista Picado, en este sentido, destacó que esa circunstancia "no ha sido acreditada en forma alguna por el recusante".

"Resultan atendibles las explicaciones vertidas por el magistrado de grado, en relación a que, en su carácter de juez federal de primera instancia, mantiene una relación cordial con varios de los integrantes de la Justicia Federal de la ciudad de Santa Rosa", agregó

"Por todo lo expuesto, en el caso analizado, desde el punto de vista del recusante, no existe un temor de parcialidad que resulte verificable, pues las circunstancias examinadas no tienen entidad suficiente para generar esa duda", cerró  Picado.

Prohibición de acercamiento

Medida. El juez Díaz Lacava tiene vigente una medida cautelar para no acercarse a menos de 50 metros de los empleados que lo denunciaron.

Comunicación. La disposición incluye la prohibición de comunicación entre él y las víctimas, excepto la que se realice "por interposita persona" designada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Delitos. El juez -uno de los que juzgó el caso Bobinas Blancas en 2021- está sospechado de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones en perjuicio de trabajadores del TOCF de Santa Rosa.

Estrés. A raíz de los ataques, una de las secretarias del tribunal debió ser hospitalizada por "estrés laboral". Los denunciantes calificaron al juez como "dominante e intempestivo" y afirmaron haber presenciado actos "inadecuados y violentos" de su parte.

Gritos. También aludieron a "gritos y ataques de ira" así como destrato a policías, penitenciarios y a periodistas, a los que les reclamaba por sus publicaciones.

Este año un total de 18 personas privadas de libertad que no completaron ese nivel de formación se inscribieron para rendir el examen de ingreso a la Universidad Nacional del Sur, en el marco del Programa de educación en contextos de encierro que ofrece la institución educativa bahiense.

Así lo confirmó Aldana Nungeser, coordinadora de la iniciativa que funciona desde 2018, quien resaltó la importancia del incremento de alumnos en las Unidades Penales Nº 4 y 19, de esta ciudad y Saavedra, respectivamente.

En el segmento de la población carcelaria que finalizó los estudios secundarios también se registró un aumento de inscriptos, con aproximadamente 20 reclusos más que en 2023 para rendir la prueba de la UNS.

“Para lo que tiene que ver con unidades penitenciarias, esta cantidad de alumnos es un montón”, opinó Nungeser.

Según manifestó la docente, el crecimiento de la nómina estudiantil en Villa Floresta y Saavedra se produjo fundamentalmente porque muchos de los ingresantes se “incentivaron” con las experiencias positivas de, por ejemplo, Nicolás Avots Sugimoto y Sebastián Lazarte Slee.

El primero de ellos -actualmente libre- estudió Derecho y se recibió mientras cumplía una condena a 10 años de prisión en la cárcel de Saavedra.

La sanción le había sido impuesta en 2015 por el Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos, al considerarlo autor del delito de homicidio simple con dolo eventual, como consecuencia de un siniestro vial.

En julio del año pasado Avots Sugimoto se convirtió en el primer graduado de la UNS en contexto de encierro y esta semana recibió un reconocimiento por haber hecho uno de los mejores trabajos de tesis de la carrera.

Por su parte, Lazarte Slee, alojado en el penal saavedrense, es el segundo egresado de Derecho en relación con el programa en cuestión. En diciembre le entregaron el título después de recibirse en “solo 3 años”.

“Es increíble que Sebastián se haya recibido en un período tan corto con el nuevo plan de estudios de Derecho (2020), que incluye 51 materias. Hay que tener en cuenta que el plan de 2009 tiene 36 materias”, destacó la entrevistada.

“Los alumnos se incentivaron bastante con ellos (en referencia a Avots Sugimoto y Lazarte Slee) y nosotros les insistimos mucho para que conocieran estos casos de éxito y se puedan recibir. Es un estímulo educativo para aquellos que están privados de libertad”, agregó.

Este año los responsables del programa recolectarán información sobre reincidencia delictiva vinculada no solamente con las dos unidades penitenciarias de esta jurisdicción, sino también con el resto de los establecimientos carcelarios en la provincia de Buenos Aires.

En el territorio provincial funcionan 52 dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre alcaidías y cárceles.

La tarea tiene como finalidad establecer cuál es el porcentaje de reincidencia en el delito y si la tasa bajó respecto de años anteriores.

“Queremos saber puntualmente de cuánto es esa tasa de reincidencia, porque se dice que desciende en función de los presos que estudian o trabajan en el ámbito intramuros”, adelantó.

“De los aproximadamente 600 estudiantes que hay en los 52 complejos (de detención) bonaerenses, 150 corresponden a nuestro programa. No es un número menor”, reflexionó la referente del programa.

Nungeser y Santiago Garrido, pionero del programa y secretario general del Ministerio Público Fiscal local, brindarán una jornada de concientización sobre esta modalidad de enseñanza para que la comunidad universitaria “tome dimensión del impacto positivo” que genera en personas privadas de libertad.

La actividad, prevista para fines de este mes o principios de junio, concluirá con una visita al penal de Villa Floresta para que sus reclusos también se concienticen sobre los beneficios de estudiar.

En cuanto al resto de la oferta académica para internos, en 2023 se dictó la diplomatura en Introducción al ambiente diseñada entre los departamentos de Geología y Derecho de la UNS. Hubo 28 egresados, una cantidad significativa de acuerdo con la informante.

En tanto, el próximo año los alumnos de hasta tercer año de la carrera de Derecho (incluidos los internos del programa) comenzarían a recibir el título intermedio de procurador, con alcance nacional.

"Permite trabajar en el Poder Judicial; te matriculás como procurador en el Colegio de Abogados, se te bloquea la matrícula y tenés un 25% más de sueldo. Eso es interesante", dijo Nungeser.

Creación. El Consejo Departamental de la UNS aprobó en los primeros días del mes pasado la creación del título intermedio de procurador, que "se va a implementar en todo el departamento de Derecho", pero "va a beneficiar especialmente a los privados de libertad".

En análisis. "Lo estamos evaluando y puede ser algo muy positivo", señaló la estudiante avanzada de Derecho.

Instancia. "Ahora (el proyecto) debe pasar al Consejo Superior Universitario y se podría poner en práctica a partir del próximo año", explicó. Esta idea se impulsó desde el Grupo académico UNS, una organización de estudiantes de la casa de altos estudios local.

Presupuesto. El presupuesto para recabar datos acerca de la tasa de reincidencia en el delito proviene de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

Oferta. "Vamos a seguir trabajando para ofrecer más carreras", afirmó.

La medida fue definida hoy por la mañana en la Superintendencia de Interior Sur y comunicada al comisario Leonardo Varillas, aunque recién se dispuso por la tarde. 

El comisario Gonzalo Sandobal, jefe de la Policía de Bahía, puso en funciones al subcomisario Martín Guzmán como nuevo titular. También venía desempeñándose en la seccional de Villa Mitre.

Quién es la octava persona señalada

Se trata de una disposición de tipo preventiva, por ser el superior del uniformado -también es su cuñado- que está siendo investigado.

De todas formas, se aclaró que al menos por el momento el nombre de Varillas no figura en la causa penal que investiga el fiscal Gustavo Zorzano.

Es una medida distinta a la que, la Auditoría General de Asuntos Internos, adoptó con Ñancucheo, quien sí fue desafectado de servicio y debió entregar el arma, la placa y el chaleco.

Varillas seguramente será conducido a otro destino, aunque no se informó cuál.

Esto es derivación del procedimiento del lunes a la noche, cuando cuatro personas fallecieron y una quinta terminó herida, tras electrocutarse mientras robaban cables en un campo de la ruta 33.

Las víctimas, que fueron abandonadas en la caja de una camioneta en la puerta del hospital Municipal, fueron identificadas como Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28).

Está internado -también por la descarga- y detenido Emanuel Chamorro Sepúlveda (20) y poco después del hecho, en La Pinta al 300, fue arrestado Ángel Daniel Gallardo (63), padre de Fernando, quien también afronta cargos por robo agravado en despoblado y en banda.

De esa manera sostuvo la postura del fiscal Gustavo Zorzano y rechazó la apelación de los asesores legales de los imputados. Respecto de otros dos condenados, Mauricio Esteban Duchosal y Jorge Ezequiel Ostiza, no hubo cuestionamientos de la defensa.

Además, los 5 fueron inhabilitados de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

Sobre las apelaciones planteadas, los jueces Guillermo Emir Rodríguez y Guillermo Petersen refirieron que no alcanzaron para desmerecer el razonamiento desarrollado por el juez Gabriel Giuliani en el fallo de primera instancia, ya que brindó las razones que condujeron al pronunciamiento de condena realizando la valoración de toda la prueba.

En relación a que los certificados analíticos de estudios secundarios eran una falsificación burda, los jueces señalaron que -si bien los directivos de las instituciones pudieron detectar esa falsedad- una persona ajena al ámbito educativo podría tomarlos como válidos porque “los documentos presentan características externas que les brindan apariencia de autenticidad por lo que resultan idóneos para inducir a error de terceros”.

Tener los estudios secundarios completos era requisito determinante, entre otros, para el ingreso a la Academia de Policía de Tres Arroyos, con el nombramiento de los acusados y la percepción de los haberes correspondientes hasta su exoneración, esos documentos apócrifos utilizados resultaron “idóneos para el fin -ardid- al que fueron destinados, al punto que a la postre percibieron los emolumentos correspondientes hasta su desvinculación en el año 2019, lo que permite -además- sostener que el falso certificado esgrimido resultó en uno de los elementos constitutivos de la estafa también endilgada”, señala el fallo.

No fue negligencia

Los jueces detallaron que no se trata de un caso en el cual haya existido un obrar negligente por parte de la administración pública en el control de los recaudos para acceder a la función, como señaló la defensa, “sino que lisa y llanamente se ha tratado de un fructífero engaño delictual, que no quedó en la mera declaración falsa en la solicitud de ingreso en el formulario, sino que se vio plasmado en la presentación del falso certificado analítico de estudios secundarios, lo que constituye el ardid determinante del error que posibilitó el fraude endilgado”.

Las defensas de Curruinca, Plaza y Abinceta sostuvieron que no hicieron uso de los certificados falsos porque desconocían su existencia y que fueron gestionados por el secretario de seguridad del municipio de Tres Arroyos, Ricardo Magrath, quien les dijo que no se preocuparan, que lo iban a solucionar. Al respecto, los jueces señalaron que los detalles consignados en esos certificados sobre los estudios secundarios fueron aportados por los propios encartados.

“A la luz de lo antedicho, vaya pues que los encartados hicieron un uso propio del certificado analítico falso para acreditar el cumplimiento del requisito excluyente -estudios secundarios- a sabiendas que no habían culminado los mismos, lo que les permitió ingresar como cadetes a la academia de policía, efectuar el curso correspondiente y a la postre ingresar como oficiales a la fuerza policial, desempeñando sus funciones propias y percibiendo por ello los correspondientes emolumentos, lo que trasunta que desde el aspecto subjetivo se hallaba presente el dolo -directo- que las figuras legales por las que resultaron condenados requieren para su configuración”.

Fuentes oficiales indicaron que los operativos fueron llevados adelante por efectivos de Prefectura Naval Argentina y ordenados por el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del doctor Walter López Da Silva.

Los uniformados requisaron inmuebles ubicados en la zona de Bulevar Juan B. Justo y Saladero, donde efectivizaron las detenciones de los sospechosos (no se informaron las identidades).

Los arrestos, según señalaron, fueron realizados en Reconquista al 2900, Canning al 3.100 y Daniel de Solier al 3800.

En los sitios inspeccionados incautaron alrededor de 110 gramos de marihuana, unos 120 de cocaína, celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento, tablets y balanzas.

Finalmente mencionaron que los imputados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Los voceros indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 0:15, cuando personal de la Policía Local se presentó en el interior de la termina San Francisco de Asis tras un llamado al teléfono de emergencias 911 alertando sobre una pelea de pareja.

Señalaron que al arribar determinaron que una mujer que estaba relacionada con lo sucedido se había retirado en un micro de larga distancia, mientras que la otra parte se encontraba aún en el lugar.

En esas circunstancias le pidieron al sujeto que se retirara del sitio y allí comenzó una discusión que finalizó con su aprehensión.

Las fuentes refirieron que el individuo, identificado como Diego Mendoza (46), agredió a "empujones a un efectivo y se produjo un forcejeo, rompiendo la pistolera e intentando tomar el arma".

El hombre, imputado de desobediencia, resistencia a la autoridad y daño, fue arrestado y trasladado a la comisaría Cuarta.

El deceso del jubilado, según confirmaron desde la comisaría Segunda, se produjo ayer en el hospital Municipal.

El incidente vial se había registrado el lunes pasado, poco antes del mediodía, en Santiago del Estero y Zapiola. 

La víctima, por causas que se tratan de establecer, chocó con una moto Honda 250cc., que estaba al mando de un hombre de 35 años, quien ahora está imputado de homicidio culposo.

Como consecuencia de la colisión, Liciotti había sufrido traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Se trata del local de la firma Álvarez Cura, ubicado en la calle 26 al 300, que sería la única escribanía existente en esa localidad de Villarino, según se informó.

"En ese lugar se revisaron distintos papeles y se secuestró la documentación solicitada. El allanamiento se hizo con la asistencia de un letrado del Colegio de Escribanos de Bahía Blanca", aclaró un investigador. 

Los otros operativos tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Quilmes y Lomas de Zamora. 

El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Luis Antonio Armella, Secretaría Penal Nº 2 del doctor Pablo Ezequiel Wilk, dispuso los allanamientos en relación a una investigación que seguía los pasos de una banda dedicada a las ventas irregulares de terrenos ubicados en Hudson Park, emprendimiento urbanístico situado en el kilómetro 34,500 de la autopista Buenos Aires-La Plata, en cuya causa la Prefectura ya había realizado otros 15 allanamientos.

La maniobra fue detectada gracias a denuncias de asociación ilícita, estafa y otras defraudaciones, a partir de lo cual se logró conocer que el ardid consistía en comercializar terrenos, los que eran adquiridos por altas sumas de dinero en dólares, detectándose que los mismos eran vendidos más de una vez y que reinvertían las utilidades en distintos bienes y proyectos.

Asimismo, gracias a la investigación se advirtió que la asociación ilícita utilizaba un sistema complejo de intermediación en la que se vieron involucradas distintas inmobiliarias, escribanías (una sería la de Pedro Luro) y estudios contables.

Como resultado de las requisas, se secuestraron libros contables, actuaciones notariales, boletos de compra-venta y demás documentación de interés para la causa, así como equipos informáticos, de telefonía celular y unidades de almacenamiento. No hubo detenidos.

La movilización inició en la plaza principal y se dirigió a la sede policial de Buratovich, donde la familia de la víctima pidió también la intervención en el caso de la Policía de esa localidad.

Según indicó Daniela Macheroni, hermana del fallecido, el asesinato está siendo investigado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Bahía Blanca, aparentemente sin la actuación de policías villarinenses.

"La Policía de acá no interviene en absolutamente nada y no sabemos por qué. Queremos que la Policía detenga al autor de los disparos, porque supuestamente ya sabe quién mató a mi hermano, y que se resuelva el hecho", afirmó la entrevistada.

El grupo familiar de Sebastián se reunió en esta ciudad con personal de las fiscalías de homicidios y de Menores que investigan el crimen.

En la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 (homicidios), a cargo del fiscal Jorge Viego, "no nos dijeron más de lo que sabemos".

"Nos informaron que hay menores de edad involucrados y que están trabajando en el caso", expresó Daniela sobre el encuentro de ayer.

En el marco de la investigación se detuvo al paraguayo Wilson Abel Cardozo López (22), se realizaron allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares para peritar la próxima semana y se tomaron declaraciones.

"Después de la declaración voluntaria de uno de los menores, Wilson quedó desvinculado de la hipótesis (inicial que lo señalaba como autor de los tiros)", dijo la informante.

"De cualquier manera no se descarta que (Cardozo López) haya estado en el lugar del hecho, porque las huellas de calzado que los peritos encontraron en el patio de la casa de mi hermano coinciden con zapatillas de Wilson", acotó.

De acuerdo con la mujer consultada, otro mayor de edad estaría sospechado en la causa y sería quien baleó a Macheroni.

Por el incidente fatal también tomó intervención Carlos Human, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bahiense.

Se trata de Emanuel Chamorro Sepúlveda, de 20 años, quien permanece internado (con custodia policial) en el hospital Municipal debido a las distintas quemaduras que sufrió en su cuerpo producto del tremendo golpe de electrocución de una línea de media tensión que pasa por un campo de la ruta 33.

Chamorro fue sometido a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal mediante videollamada y, en ese marco, prefirió mantenerse en silencio, derecho que le asiste.

Personal de la UFIJ N° 18 se presentó en el centro asistencial y de esa manera realizó la comunicación virtual con la fiscalia y el abogado que asesora al imputado, defensor oficial Eduardo Zalba.

Se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa y quedó imputado del delito de tentativa de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, el mismo delito que alcanza a Gallardo padre.

La causa continúa en trámite de investigación mientras se recolectan diversos elementos probatorios para determinar lo sucedido y quién o quiénes se encuentran involucrados en el hecho delictivo, según se informó.

Por el desgraciado desenlace fallecieron Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) -hijo de Ángel- y Federico Strick (28).

Hasta el momento no hay vinculación penal del subcomisario Martín Ñancucheo, quien ya fue desafectado de la Policía porque su handy fue encontrado en la camioneta Amarok en la cual trasladaron a las víctimas hasta el hospital.

El hecho se produjo minutos después de la medianoche en un predio situado en la zona de Independencia al 4.000.

Allí tomó fuego un rodado Mercedez Benz que estaba cargado con material para reciclar, por lo que concurrieron al sitio bomberos voluntarios de Ingeniero White, la guardia de Defensa Civil y personal policial del Comando de Patrulla.

"Causaron algunos daños no solo en el camión, sino también en la oficina del depósito", señaló una fuente consultada.

Esta mañana el abogado Maximiliano De Mira, que asesora a Gallardo, aseguró que su asistido no fue quien condujo la camioneta Volkswagen Amarok hasta el hospital, para abandonar los cuerpos. 

"No surge del expediente que mi asistido (Ángel Gallardo) dejó a las personas en el hospital. Su detención no se produjo en el nosocomio ni en el campo, sino en su domicilio particular", remarcó De Mira, en diálogo con el programa Panorama de LU2.

El abogado también dijo que su defendido tiene intenciones de declarar, pero que mantuvo silencio ayer ante el fiscal por su consejo, teniendo en cuenta que hay medidas de prueba pendientes, como el análisis de los celulares secuestrados. 

Se trata de Bianca San Martín, de 24 años, quien quedó acusada de tentativa de extorsión.

Según detallaron fuentes policiales, un vecino puntaltense denunció en la Comisaría que recibía llamadas telefónicas de un sujeto que le exigía dinero a cambio de no armarle una supuesta causa penal.

Agregaron que ante esta situación, el denunciante pactó la entrega de dinero con el extorsionador y el GTO montó un operativo en el lugar acordado, donde acudió la mujer que resultó detenida.

Desde la Comisaría local agregaron que tras la detención la justicia ordenó un allanamiento en el penal de Villa Floresta, con resultado positivo.

El procedimiento realizado en la cárcel bahiense fue llevado adelante por efectivos de la División Cibercrimen y secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos en la celda de uno de los internos, que también está siendo investigado por la maniobra extorsiva.

El acusado, que no fue identificado para preservar la identidad de las víctimas, fue puesto a disposición del fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ Nº 14 y encargado de la investigación.

Según la causa, entre 2012 y 2018, el hombre habría aprovechado diversas circunstancias en las que los niños se encontraban de visita en su casa para someterlos a tocamientos y diversas situaciones sexuales.

Cuando sucedieron los hechos, una de las víctimas tenía entre 11 y 12 años; otra, 7 y la tercera, entre 2 y 3 años de edad.

El hombre está acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, abuso sexual simple gravado por la guarda y por el vinculo y abuso sexual simple agravado por el vinculo y será indagado en las próximas horas.

El operativo, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 2, a pedido de la ayudantía fiscal de Villarino y la UFIJ Nº 12, se dio en la casa 57 de la calle 22, donde fue arrestado Artemio Ramos (49), de nacionalidad paraguaya, acusado de tenencia ilegítima de arma de fuego.

Personal de la comisaría Villarino Segunda actuó en el procedimiento, en el marco de la IPP Nº 6817/24, caratulada como robo e iniciada en marzo.

En la vivienda mencionada secuestraron, entre otros elementos, un cuchillo con mango de alpaca que era buscado en relación con aquel delito.

Por otra parte, se incautaron 6 bagullos de marihuana, una balanza de precisión, lo cual originó una causa por infracción a la ley 23.737, a cargo de la UFIJ Nº 19.

Finalmente, incautaron dos revólveres calibres 22 y 32, uno de los cuales había sido sustraído hace algunos días. 

Esta última situación derivó en la aprehensión de Ramos, por la tenencia de armas de fuego sin autorización.

Ese dato, ahora refutado por el penalista -quien no aportó mayores detalles hasta tanto declare su defendido-, es uno de los que más rechazo social habían generado en el marco de este delito, descubierto entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Esa versión concuerda con la que pudieron reconstruir los investigadores y que figura en la causa que tramita el fiscal Gustavo Zorzano, titular de la UFIJ Nº 18, aunque no le quitaría responsabilidad en el traslado a Ángel Gallardo.

Existe una octava persona, además de los 5 electrocutados, Gallardo padre y un policía cuyo handy apareció en la camioneta, que habría tomado intervención en un tramo del suceso.

Se trata de Bruno Martín Uribe, de 34 años, quien sería familiar de Facundo (32), fallecido en el hecho junto con Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28).

"Lo que pudimos reconstruir es que Gallardo padre trajo a los heridos desde el campo, pero en un momento dado dejó el mando de la Amarok a Bruno Uribe, quien finalmente condujo la camioneta hasta el hospital. Gallardo, en tanto, habría seguido camino hacia su casa en el auto que hasta ahí manejaba Uribe", explicó un investigador. 

De Mira confirmó hoy que la Policía llegó a la detención de Gallardo, en su domicilio de La Pinta 377, "a partir de una persona que aparentemente estaba en el nosocomio (sería Bruno Uribe). Tendrá que determinar la instrucción de la causa qué hacía allí esta persona y cómo sabía eso".

Sobre Bruno Uribe, según se supo, no pesa por el momento ninguna imputación.

"No surge del expediente que mi asistido (Ángel Gallardo) dejó a las personas en el hospital. Su detención no se produjo en el nosocomio ni en el campo, sino en su domicilio particular", remarcó De Mira, en diálogo con LU2.

El abogado también dijo que su defendido tiene intenciones de declarar, pero que mantuvo silencio ayer ante el fiscal por su consejo, teniendo en cuenta que hay medidas de prueba pendientes, como el análisis de los celulares secuestrados. 

"La idea es que de acá a unos días declare. Ya pedimos su excarcelación", agregó.

También informó que Gallardo padre "carece de antecedentes penales", que se dedica a la compra y venta de chatarra y material ferroso y que la camioneta Amarok está a su nombre. 

La imputación contra el hombre de 63 años es de robo agravado por ser en despoblado y en banda en grado de tentativa. Ese delito (consumado) prevé una pena de prisión de entre 5 y 15 años, pero al ser una tentativa la sanción se reduce de un tercio a la mitad.

En el día de hoy, si las condiciones de salud se lo permiten, el fiscal Zorzano indagará al único sobreviviente de la electrocución en el campo de la ruta 33: Emanuel Chamorro Sepúlveda (20), quien es novio de una hija de Gallardo y permanece internado en el hospital Municipal.

Se trata del segundo juicio en el caso puesto que en el primer juicio hubo dos condenas a prisión perpetua por la autoría material del crimen y una tercera, a cuatro años, por la participación secundaria en el secuestro.

Candela Sol Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto de 2011, en la esquina de la casa en la que vivía, en Villa Tesei, partido bonaerense de Hurlingham, cuando iba a reunirse con un grupo de amiguitas.

Su muerte, según se determinó en el primer juicio, ocurrió en la transición del 29 al 30 de agosto en el segundo lugar en el que estuvo cautiva, a manos de los dos condenados a perpetua, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara.

El cadáver fue hallado en un descampado cercano a la Autopista del Oeste, a la altura de Hurlingham, en un operativo del que participó el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli.

El cuerpo presentaba signos de abuso sexual.

Junto con “Mameluco” Villalba, alojado en el penal de Ezeiza por otra condena por narcotráfico, también fueron absueltos el ex policía bonaerense Sergio Fabián Chazarreta; el informante de las fuerzas de seguridad Héctor Horacio “Topo” Moreira y el carpintero Néstor Ramón Altamirano, todos en calidad de “coautores”.

El ex narcotraficante de la localidad de San Martín ya había declarado como testigo en el primer juicio por la muerte de Candela, en 2017, y que terminó con tres condenados: Hugo Bermúdez y Fabián Gómez, ambos a perpetua, y Leonardo Jara, sentenciado a cuatro años.

La sospecha que había sobre Villalba es que habría ordenado el crimen de la nena en venganza contra el padre de la nena, Alfredo “Juancho” Rodríguez.

Según "Juancho", un compañero de la cárcel le había comentado que "El Topo”, otro de los juzgados ahora,  andaba diciendo que él sobrevolaba las villas de San Martín con un helicóptero de la Policía Federal, marcando gente vinculada al narcotráfico algo que perjudicaba los planes de Villalba. (NA)

Desde la comisaría Quinta señalaron que la inspección fue realizada en un predio ubicado en el kilómetro 696 de la ruta 3.

Indicaron que el sitio carece de habilitación municipal y que hallaron un rodado Ford Escort con pedido de secuestro por robo elevado por la comisaría Séptima en julio del año pasado.

También mencionaron la incautación de tres vehículos que presentaban la numeración suprimida o adulterada. Otras seis unidades presentaban pedidos de secuestro requeridos por registros automotores locales.

En tanto, se decomisó una importante cantidad de autopartes sobre las que se procura establecer la procedencia.

Voceros de la seccional del barrio Noroeste se iniciaron actuaciones por encubrimiento e infracción al artículo 289 inciso 3.

El incidente tuvo lugar, poco antes del mediodía, en Corina Parral al 3600, donde fue aprehendido Héctor Francisco Flores, de 41 años, a quien no solo le imputaron el ataque a su pareja, de 39, sino también la tenencia de cocaína y marihuana.

Cuando el personal de la subcomisaría de Harding Green llegó junto con el del Comando de Patrullas, encontró la puerta abierta y al denunciante en el sector.

Al escuchar los gritos, los uniformados ingresaron de urgencia y llegaron hasta la habitación matrimonial, donde la mujer estaba muy golpeada y tirada sobre la cama y Flores totalmente exaltado.

Luego de fuerte oposición, el acusado pudo ser reducido y la mujer fue conducida, en principio, a la subcomisaría del sector, donde recibió las primeras curaciones por un corte en una mano, aunque también tenía un pómulo y un ojo totalmente hinchados.

Al ser requisado Flores, en una riñonera se le secuestraron 10 gramos de cogollo de cannabis y una bocha de 10 gramos de cocaína, además de 3 chips de teléfonos.

Fue acusado de desobediencia, resistencia a la autoridad, lesiones leves en el marco de la ley 12.569 e infracción a la ley 23.737, con intervención de las UFIJ N° 15 y 19.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

Se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa y quedó imputado del delito de tentativa de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda.

En el día de mañana -y a pedido de la defensa- se llevará a cabo la audiencia prevista por ley para tomarle declaración a Emanuel Chamorro Sepúlveda (20), quien se encuentra internado en el hospital Municipal con lesiones por quemaduras.

Los fallecidos fueron identificados como Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28).

La autopsia de las cuatro personas fallecidas determinó que el causal de deceso fue un shock cardiogénico en contexto de arritmia compatible con fibrilación auricular lo que produjo la parada cardíaca por choque eléctrico.

Por este mismo caso ya fue desafectado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el subcomisario Martín Omar Ñancucheo, quien habría facilitado el handy encriptado para que la organización delictiva actuara a sabiendas de los movimientos de la fuerza.

Todavía no se resolvió la situación del uniformado desde el punto de vista penal, con lo cual permanece en libertad.