Tras la marcha universitaria, la SIGEN envió un pedido de informes a la UNS
El gobierno nacional impulsa auditorías en todas las universidades nacionales del país. "No va a haber ningún problema. Tenemos todo en orden", dijo el rector.
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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) envió en las últimas horas un pedido de informes a la Universidad Nacional del Sur y otras casas de estudio del país, vinculado con el manejo de fondos durante los períodos 2022 y 2023.
La SIGEN es un organismo de control interno del Estado que trabaja en coordinación con la Auditoría General de la Nación (AGN).
La solicitud de rendición de cuentas llega tras la marcha universitaria del pasado martes, que tuvo movilizaciones en todo el país en reclamo al gobierno de Javier Milei por una actualización de las partidas presupuestarias para 2024.
En Bahía Blanca se manifestaron entre 7 y 8 mil personas, que recorrieron varias cuadras de Alem entre el edificio de la UTN y la sede de la UNS ubicada en esa avenida.
Según la circular de la SIGEN a la que accedió La Nueva., dicho ente pide información sobre todos los convenios que celebraron las universidades nacionales con otras dependencias del Estado Nacional (Ministerios, Organismos, Fondos Fiduciarios y Empresas con participación estatal mayoritaria) durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023.
A su vez, se otorga un plazo hasta el 10 de mayo para obtener respuesta. El comunicado lleva la firma del titular de la SIGEN, Santiago Herrera.
"No va a haber ningún problema en pasar esta información. Nosotros tenemos todo en orden", aseguró el rector de la UNS, Daniel Vega.
El encargado de reunir la información es el auditor interno de la institución local, el abogado Diego Duprat, quien fuera secretario del Consejo Superior Universitario durante 10 años. La Unidad de Auditoría Interna de la UNS, a propuesta de la actual gestión, se encuentra en manos de la oposición, ya que Duprat es integrante de la Lista Blanca, competidora del espacio que llevó a Vega al rectorado.
Desde la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, en tanto, se indicó a este medio que no llegaron notificaciones de la Sindicatura.
La discusión en torno a las universidades comenzó por el pedido de mayores recursos al gobierno de Milei, los cuales estaban congelados desde el año pasado debido a que el Congreso no votó la ley de presupuesto nacional y por lo tanto se mantuvo vigente la aprobada en 2022 para el ejercicio 2023.
Más allá de que el año último, en rigor, hubo algunas actualizaciones presupuestarias, la inflación acumulada desde diciembre pasado retrasó los números de las casas de altos estudios.
De todos modos, antes de la marcha, el gobierno liberó fondos frescos (21 mil millones de pesos) para los gastos de funcionamiento, los cuales representan alrededor del 7% de las erogaciones totales de las universidades. El ítem más importante es para sueldos de docentes, no docentes y demás personal, que ronda el 85% del presupuesto total universitario.
Desde la Casa Rosada plantean que, en el marco del ajuste en el gasto público, las universidades deben estar a tono y por eso impulsa una auditoría a fondo para que detallen de qué manera utilizan "el dinero proveniente de los impuestos".
De acuerdo con lo que desliza el propio gobierno, tienen sospechas de que en determinadas universidades, en especial la Universidad de Buenos Aires (UBA) y algunas ubicadas en el Conurbano, se utiliza dinero para financiar a agrupaciones políticas. Según este razonamiento, la UBA, cuyo vicerrector es el radical Emiliano Yacobitti, sería una fuente de ingresos para la UCR porteña.
En contrapartida, quienes rechazan las decisiones de Milei aseguran que se trata de un ataque a la educación pública, cuyo objetivo final es cerrar instituciones de este tipo. Tanto el presidente como diferentes funcionarios, entre ellos la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, negaron que exista un proyecto en ese sentido.