Bahía Blanca | Jueves, 16 de mayo

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Caída fatal: la querella pone la lupa en el servicio de ambulancias

El abogado de la familia de Jorge Hernández, que murió al precipitarse de una camilla, apuntó contra la empresa Socorro por su posible responsabilidad en el hecho, y denunció la falta de control de la actividad.

Al parecer Hernández no estaba sujeto a la camilla cuando cayó al pavimento.

El abogado de la familia del hombre fallecido al caer de una camilla hizo hincapié en la posible responsabilidad del servicio de ambulancias Socorro, que trasladaba a la víctima al momento del hecho, y enfatizó la necesidad de establecer si la empresa cuenta con habilitación.

La querella encabezada por Alex di Berardini denunció la "falta de control" de este tipo de prestación, y afirmó que la Provincia, en este caso por medio de Región Sanitaria I, es la encargada de otorgar los permisos a las empresas de traslados sanitarios.

Di Berardini se refirió además al presunto incumplimiento de las "medidas de seguridad" por parte del personal de la firma nombrada, cuando intentaba ingresar a Jorge Eduardo Hernández (81) en su domicilio desde la vía pública y el paciente se precipitó al asfalto.

En ese momento la cabeza del hombre golpeó aparentemente contra el cordón cuneta y poco después murió en el Hospital de la Asociación Médica.

El letrado cuestionó que la maniobra para intentar desplazar a Hernández fue ejecutada por un solo empleado de Socorro, y agregó que el octogenario al parecer no estaba sujeto a la camilla.

"No sé si la camilla tenía los barrales y el correaje de seguridad que debe tener. Si lo tenía, no estaba colocado, por la forma en que Jorge cayó. No apuntamos contra nadie en particular, sino contra todo el sistema por la falta de control de este servicio de ambulancias", indicó el entrevistado.

"Deberían haber tenido en cuenta todo esto porque esta situación no ocurrió dentro de un hospital, donde el piso está preparado. Si hubiese estado sujeto con el correaje de la camilla, esto no hubiera sucedido", acotó el querellante.

"Cómo se puede trasladar así a un hombre que recibió el alta después de estar internado, y que su familia lo espera en su domicilio para estar con él. En las imágenes de la cámara de seguridad se observa claramente que Jorge no estaba siendo trasladado con las medidas de seguridad necesarias", continuó.

Por ahora, un imputado

La causa, en principio caratulada como homicidio culposo, está a cargo del fiscal Cristian Aguilar que hasta el momento imputó sólo al camillero de la ambulancia, Cristian Steinnekker.

"Extraoficialmente averiguamos que hace poco que el camillero empezó a trabajar en esta actividad. La fiscalía deberá ahondar en esa circunstancia para decidir si realmente tiene la capacitación y la experiencia necesarias para realizar esa tarea".

El chofer de la ambulancia es el otro empleado de Socorro que estaba presente al momento del incidente.

 

 

"Tendría que haber sido personal idóneo, pero los hechos demuestran que no lo son. No cuentan con la preparación y el profesionalismo para realizar la actividad que estaban llevando a cabo", dijo el vocero.

A bordo del vehículo sanitario también viajaba la mujer del fallecido, quien -según el abogado- constató la "negligencia y desaprensión" con la que supuestamente actuó el camillero.

Control municipal

Según el informante, el municipio también debería verificar la actividad en cuestión, la antigüedad máxima de la ambulancia que transportó a Hernández y si cumple con las normas requeridas.

"La Municipalidad tendría que controlar que se traslade a los pacientes con las medidas de seguridad necesarias, como controla a todos los que circulamos en vehículos", analizó la fuente consultada.

"Esta es una actividad reglada y entendemos que no se cumplió con el protocolo", aseguró.

La compañía privada Socorro es prestadora de la obra social de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a la cual Hernández estaba afiliado por haber trabajado como colectivero más de 40 años.

Instancia civil

Si bien ahora la querella está abocada a la instancia penal, Di Berardini prevé presentar una demanda civil contra la mutual de la UTA por daños y perjuicios.

"El objetivo sería determinar por qué (la obra social) contrató a esta empresa (de ambulancias), y le cabrá la responsabilidad que le tenga que caber", dijo.

 

 

"La familia está devastada porque esperaba que, si tenía que ocurrir algo, fuera de manera natural y no de esta forma", finalizó Di Berardini.