Piden indagar a policías acusados de "proteger" a Suris
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Además de las repercusiones por su romance con la vedette Mónica Farro, la causa por venta de drogas contra Juan Ignacio Suris tuvo distintas derivaciones desde que se inició en 2014, como la imputación a 5 policías sospechados de haber tenido participación en una supuesta banda de narcotraficantes que habría liderado el bahiense.
En ese contexto, el fiscal federal Antonio Castaño solicitó al juez federal Nº 1, doctor Walter López da Silva, que indague a los policías Alberto Rosamel Dodero, Alberto González, Gustavo Cheppi, José Luis Galarza y Javier Urbano, a quienes acusó de haber sido partícipes necesarios en una asociación ilícita que, al parecer, dirigía Suris, dedicada a la comercialización de drogas.
En aquella ocasión, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de la fuerza a González, quien cumplía funciones en la Jefatura Departamental; a Urbano, quien se desempeñaba en la DDI; a Dodero, oficial de la comisaría Segunda (continúa en servicio) y a Galarza, agente de la seccional Primera.
Al subcomisario Cheppi -en ese momento era segundo jefe de la comisaría Primera y hoy en día está a cargo de la seccional de Punta Alta- “nunca se lo investigó penalmente en la causa, ni administrativamente por parte de Asuntos Internos”, afirmó, en tanto, una alta fuente policial.
“Galarza y González fueron exonerados, al igual que Urbano, que estaría en Córdoba. Lo de Cheppi fue algo totalmente incomprensible, porque lo acusó una testigo de identidad reservada que él mismo había aportado en la causa”, dijo el vocero.
Como un escudo
Los efectivos investigados, a entender de Castaño, tenían un rol “predeterminado y de suma importancia” en la actividad ilícita supuestamente desarrollada por la organización narco, que presuntamente lideraba Suris.
“Para nosotros está probado que eran partícipes de esa banda mediante el encubrimiento a Suris y al resto de los integrantes. Su intervención frustraba cualquier actividad que se pudiera estar investigando. De hecho, cuando Suris llegó a Coronel Pringles, de regreso a Bahía Blanca, un efectivo le advirtió que la policía lo esperaba para interceptarlo y por eso pegó la vuelta”, expresó el fiscal.
“También le avisaban antes de que se realizaran allanamientos o algún tipo de investigación por parte de otra fuerza de seguridad. Debemos determinar el grado de participación de cada policía, pero según nuestro criterio están bastante involucrados. Están imputados, además, del delito de comercialización de estupefacientes”, agregó.
“Mediante intervenciones telefónicas se establecieron las identidades de los uniformados, que en la actualidad están todos en libertad. En algunos casos se conocieron sus nombres de pila y en otros sus sobrenombres. Estoy esperando que el juez (López da Silva) resuelva el pedido. Es una causa voluminosa, de dos o tres cuerpos”, completó.
Desde el juzgado se informó que, al menos hasta el jueves pasado, el magistrado no había recibido la requisitoria del fiscal Castaño, por lo tanto se desconoce si López da Silva acepta el planteo.
Otro de los agentes policiales investigados por la justicia federal bahiense es el teniente Walter “Chino” Schell, quien por entonces prestaba servicio en la delegación de Drogas Ilícitas y al que Suris acusó de “armar” en su contra la causa por narcotráfico por la que se lo enjuició junto con otras 10 personas.
Si bien inicialmente el expediente de Schell se archivó, por falta de pruebas, el doctor Castaño pidió que la instrucción se reanude, aunque hasta ahora -según afirmó- no hubo avances.
La medida obedeció a que, durante el juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, Fernando Bond Stork, otro de los procesados por comercialización de estupefacientes agravada, fue conteste con la acusación de Suris y declaró que Schell “es un narcotraficante y conoce la droga como pocos en Bahía”.
“Por ese motivo, el tribunal nos envió los antecedentes, otra vez a primera instancia, y desde esta fiscalía solicitamos el desarchivo de la causa”, explicó Castaño.
Schell, hoy, presta servicio en la delegación de Drogas Ilícitas de Azul.
En su declaración indagatoria, Suris lo acusó de haberlo involucrado en el caso por negarse a pagarle más dinero al uniformado, a cambio de protección especial durante operaciones de compraventa de vehículos.
“Declaró que cuando dejó de sostener económicamente a Schell, éste comenzó a acosarlo y le armó la causa por drogas. Se investigó al policía pero no surgió ninguna prueba en su contra, por eso esa actuación en principio se había archivado”, dijo Castaño.
El efectivo policial fue el encargado de analizar las escuchas telefónicas del caso y Suris lo involucró en lo relacionado con su “seguimiento, detención y procesamiento”, de acuerdo con el fiscal.
Los otros imputados en la causa por infracción a la ley de droga (23.737) son Guillermo Suris (hermano de Juan Ignacio), Juan Ramón Romero Miranda, Gustavo Sequeira, Ezequiel Ferrari Reynoso, Sandro Miranda, las hermanas Yolanda y Tamara Jiménez, Mario Arce y Martín Cruz Ocampos.
En septiembre de 2015 todos los causantes fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal local, al considerar sin validez las escuchas telefónicas que aparentemente incriminaban a los integrantes de la banda.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo en julio del año pasado, tras dar por válidas las intervenciones telefónicas, y ordenó la realización de un nuevo juicio, que aún no tiene fecha aunque se realizaría este año.