La fiscalía de delitos rurales amplió su jurisdicción
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El alto índice de esclarecimiento y las acciones llevadas adelante desde su puesta en marcha hace poco más de un año, determinó que el fiscal general Juan Pablo Fernández decidiera incorporar a los partidos de Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves dentro del ámbito de actuación del Equipo de Investigación de Delitos Rurales correspondiente al Ministerio Público bahiense.
El grupo, que funciona como una subunidad dentro de la UFIJ Nº 11, está conformado por Germán Pili, Bruno Ranzini y Antonio Orozco.
En un principio esos distritos habían quedado fuera de su alcance por cuestiones de distancia y debido a que la fiscalía tresarroyense intervenía en las investigaciones.
De todas maneras, Fernández resolvió que los funcionarios bahienses tomen parte en la etapa de instrucción de las causas por delitos rurales cometidos en esos partidos, mientras que la instancia de juicio continuará a cargo de los fiscales de Tres Arroyos.
También se supo que la extensión de la competencia respondió a un planteo y solicitud de productores agropecuarios de esa zona.
De acuerdo a lo informado, en Gonzales Chaves y Tres Arroyos se iniciaron durante el año pasado 77 causas por esta clase de delitos, representando el 25% de los casos del Departamento Judicial bahiense.
Por otro lado, según estadísticas oficiales, en el primer cuatrimestre de 2017 se registró un descenso de casi el 50% respecto de 2016 en el número de investigaciones penales preparatorias (IPP) puestas en marcha.
Los voceros señalaron que en ese lapso se radicaron 43 denuncias por episodios de inseguridad en campos de Bahía Blanca y la zona.
Durante el año pasado se instruyeron un total de 222 causas, se solicitaron 52 órdenes de allanamiento (43 otorgados y 9 denegados), 20 detenciones (16 otorgadas y 4 denegadas) y 12 prisiones preventivas (9 otorgadas y 3 denegadas), mientras que 8 casos se elevaron a juicio.
El equipo tramita investigaciones por hurto y robo campestre, abigeato, usurpación de aguas, incendio o destrucción de productos del campo, violación de las leyes de Policía Sanitaria Animal y omisión de controles en la comercialización de productos de origen animal.
Además tiene injerencia en los delitos de encubrimiento de funcionario público, omisión de controles en la confección de guías de tránsito y cuando el encubrimiento se refiera a los ilícitos precedentes, todos ellos contemplados en el Código Penal.
Los instructores intervienen también cuando se trata de delitos tipificados en la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre.
“El trabajo de la causa en tiempo real es fundamental en esta modalidad delictiva, porque las demoras en una investigación juegan a favor del delincuente. Si para hacer un allanamiento u otro procedimiento se dejan pasar horas, lo más probable es que los vestigios del delito desaparezcan”, consideró el fiscal general Juan Pablo Fernández.