Ganancias, con un delicado equilibrio

Pablo Wende

   Finalmente se impuso la razón y el Congreso transformó en ley un proyecto consensuado que modifica Ganancias.

   Tanto el mínimo no imponible como las escalas aumentan un punto intermedio entre la propuesta original del oficialismo y la que la oposición consiguió aprobar en Diputados.

   Pero, además, desaparecen algunos impuestos que habían generado “ruido” como el gravamen a la renta financiera o la reinstalación de los dividendos a las empresas mineras, pocos meses después de haberse eliminado.

   La amplia aprobación del Senado y la mayoría que se aguarda para Diputados dejan bien en claro que el consenso que buscaba el gobierno finalmente se logró. Gobernadores, sindicalistas y distintos bloques quedaron satisfechos con esta nueva redacción.

   Para el gobierno representa la posibilidad de terminar un año con una imagen de control político que había quedado desdibujado luego de la sonora derrota que el arco opositor le había propinado con la media sanción de un proyecto que representaba un costo millonario para las ya débiles arcas públicas.

   Dentro del gabinete igual quedaron heridos. La ausencia total del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, de las negociaciones dejó en claro que perdió predicamento dentro del gabinete.

   Finalmente, la voz cantante la llevaron el coordinador de la jefatura de Gabinete, Mario Quintana, un CEO que demostró tener además una importante muñeca política a lo largo de 2016. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hizo lo suyo con los gobernadores, y Jorge Triaca se ocupó del sindicalismo. Incluso el titular de AFIP, Alberto Abad, fue clave para explicar el costo fiscal que tendría la propuesta opositora tal como fue aprobada.

   El proyecto que será aprobado tiene un costo adicional a lo estimado por el gobierno que ronda los $ 8.000 millones, una cifra digerible para el gobierno teniendo en cuenta los niveles de rojo fiscal.

   Claro que aún existen serias dudas de que finalmente el déficit fiscal baje al 4,2% como promete el Presupuesto 2017 en pleno año electoral.

   Por lo bajo, desde la Casa Rosada reconocen que no se podrán conseguir todas las metas juntas: si la meta es realmente bajar el nivel de rojo de las cuentas públicas, entonces habrá que sacar el pie del acelerador de la obra pública.

   Algo de esto ya se vio a lo largo de mes, en el que quedaron pagos postergados para contratistas del Estado por 10.000 millones de pesos. El objetivo es cumplir con la meta de déficit de 4,8% del PBI, lo que se logrará justamente pisando pagos a fin de año y sobre todo con el ingreso de fondos del blanqueo (por única vez).

   El proyecto de Ganancias es el que mejor se pudo consensuar, pero por supuesto es perfectible. Si bien se trata de cuestiones opinables, no son pocos los que consideran que el mínimo no imponible quedó demasiado bajo, en 23.000 pesos en mano para trabajadores solteros y apenas por encima de los 30.000 pesos para casados.

   Pero finalmente es más generoso que lo que había propuesto el gobierno originalmente. Además, se incorporó el ajuste automático según la evolución anual de los salarios en la administración pública.

   Todavía subsisten fuertes distorsiones en las escalas del impuesto. A tal punto que a partir de los 47.000 ya se salta a la escala máxima de ganancias. Los tributaristas aportan un dato impactante: a los niveles de 2001, con los cambios introducidos en la famosa “tablita” de Machinea, pagaban el 35% los salarios superiores a 150.000 pesos, el triple que el nivel actual.

   Uno de los puntos más elogiados es haber incluido el 40% del alquiler en las deducciones especiales para el cálculo de Ganancias, aunque no hubo modificaciones en otros aspectos, como incrementar el capítulo de seguros de vida y retiro en el cálculo, mientras que tampoco se actualizó el pago de intereses de créditos hipotecarios.

   Finalmente, la satisfacción que se respiraba en Casa Rosada luego de las arduas gestiones llevadas adelante están vinculadas al delicado equilibrio que se alcanzó entre conseguir el consenso político para destrabar la negociación y soportar un costo fiscal superior al previsto, pero por cierto acotado en relación al estado ya de por sí endeble de las cuentas públicas.