Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

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La Pampa: condenan a 5 años de cárcel a un intendente por trata de personas

La Justicia también resolvió aplicarle una multa de 50.000 pesos al subcomisario Carlos Adrián Alanís (43) y el propietario del prostíbulo “Good Night”, Carlos Eduardo Fernández (43).
Foto: Télam

   El intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, fue condenado hoy a cinco años de prisión por participar junto a un subcomisario de la Policía provincial y al dueño de un cabaret de trata de personas con fines de explotación sexual.

   En un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa también resolvió aplicarle una multa de 50.000 pesos al subcomisario Carlos Adrián Alanís (43) y el propietario del prostíbulo “Good Night”, Carlos Eduardo Fernández (43).

   Además, los jueces Marcos Aguerrido, José Triputti y Pablo Díaz Lacava condenaron a dos años de prisión en suspenso a Eduardo Mauricio Fernández (45), hermano del dueño del cabaret; y al empleado del local Brian Martín Saxs (25) como “partícipes secundarios”.

   Según el tribunal, el intendente Rogers (67) y el subcomisario Alanís fueron “partícipes necesarios” del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual” y además de los cinco años de prisión les aplicaron una inhabilitación absoluta para volver a ejercer cargos públicos.

   La decisión de los jueces coincidió con lo que había solicitado en su alegato del lunes último el fiscal de juicio, Jorge Bonvehi; mientras que las defensas pidieron la absolución de todos los acusados en base a una serie de nulidades que finalmente fueron rechazadas.

   Uno de estos planteos efectuados al inicio del debate por el abogado Sebastián País Rojo, defensor de Rogers, fue que la intervención de los teléfonos del jefe comunal debía ser declarada nula ya que había sido ordenada por la fiscalía y no por un juez.

   De acuerdo a la acusación de Bonvehi, el dueño del cabaret fue el “autor principal” de la maniobra delictiva, en tanto que el intendente firmaba “las libretas sanitarias cuando pedían exámenes médicos genitales” y el subcomisario garantizaba con su presencia la “sumisión” de las víctimas. (Télam)