“Sumisión de Milei ante intereses extranjeros”

Redacción de La Nueva.

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“Los hechos ocurridos y su significación pública, en el acto realizado en la Base Naval Integrada de Ushuaia, por el presidente Javier Milei con la Comandante Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson, y el embajador de ese país Marc Stanley, resultan violatorios del interés de la Naciòn por recuperar su soberanía en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, además de arriesgar nuestra proyección antártica al posibilitar el desarrollo conjunto de ese asentamiento naval con una potencia extranjera aliada a Inglaterra, país invasor de nuestro territorio, y la OTAN”, afirmó el doctor Juan Ignacio Ferreyra, referente del PI en Coronel Rosales.

“Tales actos, en apariencia, constituyen abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por contradecir la Disposiciòn Transitoria Primera de la Constitución Nacional que ratifica nuestra legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y espacios marítimos que forman parte del territorio argentino, en tanto, las manifestaciones de Milei resultan, en los hechos, una gravísima negación de tal mandato constitucional”.

Asimismo, Ferreyra sostuvo que “del acto en la Base Naval Ushuaia surgen acciones que pueden considerarse como omisiòn de deberes de funcionario público, ultraje a los símbolos patrios por colocar la bandera yanquee en un asentamiento militar argentino, además de desconocer las facultades privativas del Congreso Nacional, poder legislativo que solamente puede permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio Argentino, de acuerdo a lo que expresamente ordena la Constitución Federal. De los dichos de Milei, se desprende además la usurpación de tal mandato fundamental, la negación de la división de poderes y la consiguiente usurpación de títulos y honores, entre otros hechos repudiables y figuras legales que ‘prima facie’ se valoran afectadas por la conducta presidencial y han sido denunciados recientemente ante la Justicia Federal, por el doctor Tomás Pérez Bodria”.

Indicó que “a tales hechos, sumados al contenido del DNU 70/23 dictado por el Ejecutivo, la rescisión de los contratos con trabajadores navales, la política de destrucción de organismos estatales y voluntad de ceder recursos naturales y territorios estratégicos, debe preocupar, ocupar y movilizar a nuestro distrito, atento a que ese modelo parecería extenderse a Puerto Belgrano".